lunes , 26 septiembre 2022
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Víctor Manuel Oropeza: ¿Quién? ¿Por qué?

victor manuel oropeza

El periodista Víctor Manuel Oropeza, de El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado de 14 cuchilladas el 3 de julio de 1991. A 23 años de distancia, la investigación se encuentra en un limbo jurídico y el expediente cerrado, aunque ningún responsable está en prisión. El delito está en riesgo de prescribir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto a solicitar que se reactiven las investigaciones y se haga justicia.

Por José Pérez-Espino 

¿Es posible resolver un homicidio cometido hace veinte años? ¿Se puede identificar a los autores materiales e intelectual, capturarlos y procesarlos penalmente, así como reparar el daño a la familia de la víctima por la violación de sus derechos?Con voluntad política se puede hacer justicia. El columnista de Diario de Juárez, Víctor Manuel Oropeza Contreras, fue asesinado de 14 cuchilladas el 3 de julio de 1991, pero hasta la fecha los responsables no han sido identificados, se encuentran en libertad y no han sido castigados. La investigación continúa en un limbo jurídico.

El caso es emblemático porque acumula todos los errores posibles del sistema de procuración de justicia y de la falta de voluntad política de las autoridades para resolver el asesinato de un periodista. Es ejemplo de que la impunidad y la indolencia oficial son los mayores enemigos de las libertades de expresión y de prensa. También representa una advertencia para evitar que la situación se repita en los casos recientes de periodistas víctima de homicidio en Ciudad Juárez y en el país.

Han transcurrido veinte años del crimen de Oropeza Contreras y, conforme pasa el tiempo, se diluye la esperanza de hacer justicia. A pesar de haberse registrado una presión de organismos internacionales como en ningún otro caso de un periodista asesinado en México, además de distintas intervenciones de la Sociedad Interamericana de Prensa para ahondar directamente en las indagatorias oficiales.

En este momento, sin embargo, el expediente de la investigación relacionada con el homicidio de Oropeza Contreras está en los archivos y el delito se encuentra en riesgo de prescribir. Su caso también demuestra que ninguna presión es suficiente.

El 16 de agosto de 2010, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (hoy Fiscalía General del Estado) informaron a integrantes de una misión de relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que “para la procuraduría estatal la investigación se encontraba cerrada”.

“En dicha reunión las autoridades expresaron que en su opinión los verdaderos autores del crimen fueron liberados como consecuencia del informe de la CNDH concluyendo que habrían sido obligados a autoincriminarse”, de acuerdo con el reporte de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, incluido en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, el cual fue publicado hace unos días.

La Procuraduría General de la República también se ha desentendido del seguimiento a las investigaciones, al igual que, desde hace años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó de darle seguimiento a sus recomendaciones sobre el mismo caso.

Mediante un escrito de respuesta oficial, el Estado mexicano informó a los relatores Especiales para la Libertad de Expresión de la OEA y la ONU que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas “se ha dado a la tarea de documentar casos de homicidios y desapariciones de periodistas ocurridos a partir del año 2000, y que, concluida esta primera etapa, se dará a la tarea de documentar los casos ocurridos antes del 2000, incluyendo el asesinato de Víctor Manuel Oropeza”.

Oropeza Contreras escribió la columna “A mi manera” en Diario de Juárez (hoy El Diario) entre 1984 y 1991. Era un critico severo de las autoridades priistas en años en los que no se había registrado aún la alternancia en los gobiernos estatales y formulaba denuncias sobre “la estrecha relación de los cuerpos policiacos y los narcotraficantes” de la zona, de acuerdo con el reporte de la CIDH, que emitió un primer informe sobre el caso en 1999.

El columnista era médico homeópata de profesión. Fue asesinado en su consultorio en el centro de Ciudad Juárez y el hecho motivó una movilización social sin precedentes. Hubo marchas con la participación de miles de personas, así como un ayuno colectivo en el que participaron familiares de Oropeza y periodistas. En un hecho extraordinario, la Procuraduría General de la República designó al fiscal especial Rafael Aguilar García como responsable de las investigaciones, aunque se trataba de un delito del fuero común.

En conjunto con las autoridades estatales, se procesó penalmente a Marco Arturo Salas Sánchez y a Sergio Aguirre Torres, como presuntos responsables del asesinato, pero ambos fueron liberados después de que la CNDH estableció que se les había torturado para confesar el delito. Años después, la Sociedad Interamericana de Prensa acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en demanda de justicia.

“Los peticionarios (la Sociedad Interamericana de Prensa) consideraron que su asesinato fue cometido con la intención de acallar sus denuncias y que por ello la investigación habría sido frustrada intencionalmente por las autoridades implicadas”, cita la CIDH en su “Informe No. 130/99. Caso 11.740. Víctor Manuel Oropeza, México, 19 de noviembre de 1999”.

En ese dictamen, la Comisión Interamericana determinó que el Estado mexicano violó los artículos 13, 8 y 25, en relación con el artículo 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el caso de Víctor Manuel Oropeza, y ordenó al Estado mexicano:

“1. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Víctor Manuel Oropeza.

“2. Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia, incluyendo la posible participación de funcionarios judiciales, que impidieron la investigación completa de los hechos que motivan el presente informe; y en su caso, aplicar las sanciones penales, administrativas y/o disciplinarias que correspondan.

“3. Reparar adecuadamente a los familiares de Víctor Manuel Oropeza por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas”.

En el mismo informe de 1999, la CIDH observó que el único inculpado, Samuel de la Rosa Reyes, quien fue señalado por Salas y Aguirre, se encontraba preso en Texas. Las autoridades estatales, sin embargo, no informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los motivos por los cuales se considerada a De la Rosa Reyes como un probable responsable del crimen. Tampoco se había solicitado una orden de aprehensión.

El 20 de octubre de 2003, la CIDH convocó a una audiencia de seguimiento a sus recomendaciones en el caso de Víctor Manuel Oropeza. La Sociedad Interamericana de Prensa y los representantes del Estado Mexicano firmaron el acuerdo “Términos de Referencia: Grupo de Trabajo Para la Revisión de los Expedientes Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza”, a fin de dar seguimiento a los expedientes relacionados con los asesinatos de ambos periodistas.

El Grupo de Trabajo de la Revisión Conjunta sobre el Caso Oropeza (conformado por representantes de la SIP, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Relaciones Exteriores) se reunió en dos ocasiones, en febrero y en septiembre de 2005. Durante la revisión del expediente “fueron detectadas deficiencias importantes durante los procesos de investigación y judicial”, además de que “la autoridad ministerial no abordó en la investigación que el móvil fuera en consecuencia de su trabajo como periodista”

A pesar de la gravedad de los señalamientos, el Grupo de Trabajo no se ha vuelto a reunir desde entonces, hace casi seis años.

Hasta 2010, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, reinició el seguimiento al Informe 130/99 en relación al asesinato de Víctor Manuel Oropeza, así como al Grupo de Trabajo creado posteriormente para analizar el avance de las indagatorias. Botero realizó visitas a distintas ciudades mexicanas en las que existe un mayor riesgo para el ejercicio periodístico y en agosto del año anterior, junto con el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue.

En consecuencia, en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión (incluido en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010) se agrega un apartado especial intitulado “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”.

El reporte, a su vez, dedica los numerales 680 al 688 al caso Oropeza. La doctora Catalina Botero narra el resultado de sus reuniones y peticiones de información a las autoridades estatales y federales. En las respuestas oficiales se informa que para la procuraduría estatal de Chihuahua la investigación está cerrada y que la Fiscalía Especial de la PGR está documentando los homicidios y desapariciones de periodistas registrados de 2000 a la fecha. Cuando termine de hacerlo, seguirá con los casos anteriores a ese año.

En conclusión, de acuerdo con el informe, “la Relatoría expresa su extrema preocupación por el hecho de que las recomendaciones de la CIDH en el caso de Víctor Manuel Oropeza siguen incumplidas más de 11 años después de la publicación del informe sobre el caso, e insta al Estado mexicano a reactivar las investigaciones sobre el asesinato del periodista con el fin de cumplir dichas recomendaciones”.

La petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelve a representar una esperanza para que se haga justicia y se castigue a los asesinos de Víctor Manuel Oropeza Contreras, siempre y cuando exista voluntad política de las autoridades.

A unos días de que se cumplan veinte años del asesinato del columnista de Diario de Juárez, las preguntas persisten: ¿Quién lo mató? ¿Por qué?

( Texto publicado el jueves 30 de junio de 2011)

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