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El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, solicitó regular el otorgamiento de publicidad oficial en los órdenes federal y estatal, a fin de evitar corrupción y censura en los medios de Comunicación.
El Estado debe establecer, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad, dijo.
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, participó en un foro sobre Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados.
“La falta de regulación de la publicidad oficial es una de las situaciones que de facto coarta la libertad de expresión en México, lo que ha fomentado prácticas de corrupción y censura en los medios de comunicación”, expresó.
El funcionario de la ONU planteó la necesidad de que se regule la publicidad oficial tanto a nivel estatal como federal.
Su uso debe ser para lograr objetivos legítimos tales como informar sobre los servicios públicos prestados y políticas públicas.
Además, que el Estado establezca, para la contratación y distribución de la publicidad oficial, procedimientos que reduzcan la discrecionalidad y eviten sospechas de favoritismo políticos y no debe depender de la línea editorial.
Derecho a la verdad
Señaló además que la nueva Ley General de Archivos, que complementará los sistemas nacionales Anticorrupción, debe tener como finalidad primordial la garantía del derecho a la verdad y que haya máximo acceso a los archivos históricos.
Particularmente a aquellos que contienen información sobre violaciones graves a derechos humanos.
“El derecho a la verdad comprende solicitar y obtener información sobre los resultados de las investigaciones, las circunstancias en que se produjeron las violaciones, la suerte y paraderos de las víctimas, así como la identidad de los autores”, dijo.
El representante de la ONU también dijo que se requiere regular la protección de los llamados whistleblowers, es decir, los denunciantes.
“Esta protección debe ser articulada con una legislación específica que proteja e incentive a las personas denunciantes, tanto en la administración pública como en el sector empresarial”, dijo.
Jan Jarab reiteró la disponibilidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su fin es dar asesoría y cooperación técnica a la Cámara de Diputados y trabajar con los estándares internacionales, para asegurar a todos, su derecho a ser oídos.
