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Un juez vinculó a proceso penal a las dos personas detenidas en relación a las agresiones en contra de la periodista Karla Janeth Silva, como presuntos responsables de los delitos de lesiones calificadas, robo calificado y amenazas. La fiscalía no les imputó cargos relacionados con delitos contra la libertad de expresión y tampoco solicitó a la PGR atraer el caso.
Prisión preventiva oficiosa mientras dura el proceso y dos meses para el cierre de la investigación, antes de pasar a otras etapas del proceso contra los dos acusados, pidió la fiscal.
El martes 16 de septiembre se llevó a cabo la Audiencia de Formulación de Imputación en el caso de la agresión contra la corresponsal de El Heraldo de León en Silao, Karla Silva.
Y los dos detenidos, Luis Gerardo Hernández Baldenegro y Joaquín Valero Garnica, fueron vinculados a proceso por el juez de control, Jesús Delgado Ortega.
Los delitos que se les imputa a los presuntos agresores de Karla Silva son lesiones calificadas, robo calificado y amenazas.
El jefe de la Policía de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero, y otro autor material de la golpiza, siguen prófugos.
También se informó que existiría un quinto sujeto que habría participado en la agresión, vinculado laboralmente con Aguirre Guerrero.
Durante la audiencia, que se prolongó por diez horas, la fiscal Yolanda Ramírez Domínguez les imputó a Hernández Baldenegro y a Valero Garnica, la agresión contra Karla Silva y Adriana Palacios.
Atribuyó a Hernández Baldenegro haber invitado a los otros dos presuntos implicados a consumar la agresión a cambio de un pago, después de que sostuvo una entrevista con Aguirre Guerrero.
La fiscal les imputó la organización de la agresión, la distribución de tareas entre ellos y la planeación de la irrupción en la corresponsalía y la consumación de la agresión, el robo y las amenazas.
La misma fiscal solicitó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa, el tiempo que dure el proceso penal contra los acusados como única medida de protección para las agraviadas; como garantía de que cumplirán sus obligaciones procesales y no huyan.
Por otra parte otorgó dos meses para el cierre de la investigación, antes de pasar a otras etapas del proceso contra los dos acusados.
La defensa no pudo desvirtuar ninguno de los datos de prueba en que fundamentó el Ministerio Público su teoría del caso.
Fuente: El Heraldo de León
