viernes , 2 diciembre 2022
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OSC logran aprobación de Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en Sinaloa

El pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la iniciativa para expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en el Estado, la cual fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

La nueva ley tipifica delitos contra la libertad de expresión y crea un Instituto responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.

La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada el 13 de junio  de 2019, después de una serie de foros de consulta ciudadana realizados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán y en los que participaron asociaciones, periodistas y personas defensoras.

Los promoventes fueron organizaciones de la sociedad civil como Iniciativa Sinaloa, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como periodistas y activistas.

“En ese tiempo, aún en funciones la 63 Legislatura, se envió a la congeladora esta propuesta con el argumento de esperar la Ley General especializada en la materia, por lo que hubo necesidad de presentar una ratificación de parte del grupo ciudadano el 17 de noviembre de 2021 ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado”, informó Iniciativa Sinaloa.

La actual Legislatura retomó el tema el 18 de febrero de 2022, en el contexto de una creciente violencia contra periodistas.

“El proceso legislativo para aprobar la protección a periodistas y activistas seguía detenido y continuó de esa manera hasta el 05 de mayo cuando ocurrió el lamentable asesinato del periodista y columnista Luis Enrique Ramírez en la ciudad de Culiacán”, escribió Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa AC.

La asociación civil calificó como un día histórico este martes 24 de mayo y consideró la aprobación de la ley como un “triunfo ciudadano”.

¿En qué consiste?

El dictamen incluye adicionar al Código Penal de Sinaloa delitos contra la libre expresión y personas defensoras de derechos humanos, los cuales se perseguirán mediante querella.

De esa manera, se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, “a quien utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos”.

Y “a quien obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos”.

La nueva ley contempla la creación de un instituto autónomo para la protección las personas beneficiarias de la ley que contará con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios.

El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras.

Tendrá diez facultades, entre ellas, disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones.

Programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.

Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las medidas que se dicten en favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como vigilar y evaluar su implementación y cumplimiento.

Denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar el cumplimiento de las medidas anteriores.

Presentar las denuncias o quejas correspondientes ante las instituciones de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas.

El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control, que serán nombrados por el Congreso mediante una convocatoria pública.

Consulta aquí la iniciativa para expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en el Estado, aprobada por los legisladores.

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