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Karla Silva, un golpe a la impunidad

En un hecho sin precedentes, el viernes 21 de julio de 2017, el exalcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola, aceptó ante un juez penal su responsabilidad en el caso de las agresiones perpetradas en septiembre de 2014 contra la periodista Karla Janeth Silva Guerrero. De la misma manera, reconoció públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas a la periodista. Fue sentenciado a dos años de prisión, los que purgará en libertad. Así se cierra un capítulo que ejemplifica el efectivo acceso a la justicia, verdad y reparación integral del daño para una mujer periodista.

El jueves 4 de septiembre de 2014 la periodista Karla Janeth Silva fue golpeada por tres hombres que irrumpieron en las instalaciones de la oficina de “El Heraldo de León”, hecho en el cuál además de los golpes la amenazaron refiriéndole que “le bajara de huevos” a sus notas.

Karla Silva cubría la sección de Silao para el periódico El Heraldo de León, donde informaba de los acontecimientos que ocurren en ese municipio, mismo que al momento de la agresión era gobernado por el ex Alcalde príista Benjamín Solís Arzola. Después de haber sido golpeada, dijo no tener duda de que los agresores fueron enviados por algún funcionario. A partir de ese momento iniciaría un largo trayecto en su demanda de justicia, en el marco de un sistema que, desafortunadamente, tiende a garantizar impunidad.

El 11 de marzo de 2016, el ex alcade de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, lo anterior por su participación en los graves ataques de los que fue víctima la periodista Karla Silva en septiembre de 2014. Por su parte, el viernes 1 de abril de 2016 fue vinculado a proceso el último de los 6 hombres que participaron en el ataque a la periodista Karla Silva, Nicasio Aguirre Guerrero “El Nikki» exdirector de seguridad pública del gobierno priista del municipio de Silao (2012-2015), quien estuvo prófugo 1 año y casi siete meses.

Tanto el ex director de seguridad pública y como el ex alcalde fueron vinculados a proceso como instigadores por los delitos de lesiones, robo calificado y amenazas, en perjuicio de la periodista. Lo mismo sucedió dutante 2015 con los 4 autores materiales de los hechos delictivos.

En su momento, Nicasio Aguirre declaró ante el juez de control que fue el ex presidente municipal quien durante mas de dos meses lo estuvo presionando para que le diera un susto a la reportera Karla Silva porque le estaba “echando mucha tierra con sus notas”.

Fue el viernes 21 de julio que el mismo ex presidente municipal Enrique Benjamín Solís Arzola declaró ante la autoridad judicial que admitía su responsabilidad en los graves ataques perpetrados en contra de la comunicadora. Derivado de ello fue sentenciado a 2 años de prisión, de los cuales ya había compurgado 1 año 3 meses. Adicionalmente fue condenado al pago de una reparación del daño, inhabilitado 2 años para ejercer cualquier cargo público y a disculparse públicamente con la periodista. Un día después, el ex edil pagó un desplegado en el diario de circulación estatal en el que pedía disculpas públicamente a Karla Silva. De esta manera se cerró un capítulo en la historia de la justicia mexicana que no tiene parangón.

Caso excepcional en el sistema judicial mexicano

El caso de Karla Silva, por un lado, permitió retratar de manera muy puntual la violencia institucional que prevalece en los sistemas de impartición de justicia de nuestro país cuando se trata de atender casos de violencia en contra de mujeres.

Los patrones de culpabilización y revictimización a los que se ven sometidas las mujeres que deciden denunciar algún acto violento en su contra -implícitos en el testimonio de Silva- son también las causas principales que inhiben a las mujeres en este país para denunciar a sus agresores, y más si éstos son funcionarios públicos. Sin embargo, a pesar de los obstáculos descritos, Karla dio la batalla y su lucha logró superar este patrón sistemático. En este sentido resulta urgente que se erradiquen las condiciones institucionales que vulneran los derechos de las mujeres.

Este caso también sienta un precedente sobre la importancia de analizar con perspectiva de género las agresiones sufridas por mujeres periodistas. Los ataques contra mujeres a razón de su profesión cuentan con rasgos característicos que buscan, por un lado, desincentivar su participación e inclusión en la esfera de lo público y, por otro lado, infringir lesiones físicas para dejar marcas visibles en los cuerpos de las mujeres y, con ello, mellar su identidad.

No sólo las autoridades y la sociedad civil debemos asumir un compromiso con la defensa y protección de estas voces femeninas, también los dueños de los medios de comunicación e información tienen responsabilidad en esta ecuación y juegan un papel muy importante que han eludido históricamente ante los casos de agresiones en contra de sus periodistas y reporteras.

Asimismo, hay que señalar que un país donde al menos 53% de las agresiones contra las y los periodistas son perpetradas por funcionarios públicos de distintos niveles, resulta sumamente significativo que en este caso hayan sido procesados y sancionados aquellos que estuvieron directamente implicados en la agresión con la intención de callar a la periodista.

También resalta el papel que jugo el propio gremio periodístico de la entidad, el cual se solidarizó, impulso y vigiló el desarrollo de las investigaciones y procesos judiciales, manteniendo viva la demanda de justicia.

Para Las Libres, la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y ARTICLE 19, la resolución y cierre del caso establece un referente histórico en el marco de violencia generalizada e impune contra la prensa en México, y en particular, contra las mujeres periodistas. El hecho de procesar y sancionar a la totalidad de los autores materiales e intelectuales, marca una pauta para las procuradurías y fiscalías de este país, en particular, para la FEADLE que hasta la fecha ha arrojado nulos resultados para revertir el patrón de impunidad.

Fuente: Article 19

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