ALMARGEN Tendencias para un periodismo del futuro
“Hay quienes insinúan que Jorge Carpizo se los quedó”, escribió Anabel Hernández en Los Señores del Narco, sobre el destino de 400 mil dólares del total de un millón de recompensa que se entregaron por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo McGregor afirma que el señalamiento es falso y por tal motivo presentó una demanda civil por daño moral.
Carpizo McGregor considera que el libro contiene señalamientos calumniosos y falsos en su perjuicio, relacionados con su función como procurador General de la República en 1993. El caso, sin duda, sentará un precedente en el debate sobre el ejercicio del bueno periodismo, la libertad de expresión y los derechos de quienes son objeto del escrutinio público.
Su defensa legal la asumió Perla Gómez Gallardo, coordinadora del proyecto académico “Todos por el Derecho a la Información”, auspiciado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Gómez Gallardo ha defendido a periodistas como Miguel Angel Granados Chapa, Alfredo Rivera, Lorenzo Meyer y Eduardo Huchim.
En un comunicado de prensa citado por Notimex se afirma que:
“Sin validar fuente alguna, teniendo a la mano diversos documentos públicos y libros, la periodista hizo una serie de afirmaciones que carecen de verdad y sustento en contra de Jorge Carpizo, quien en uso legítimo de sus derechos defiende su honor”.
En Los Señores del Narco, Anabel Hernández escribe sobre la entrega de una recompensa por un millón de pesos por la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, en 1993. En el texto afirma que 300 mil dólares fueron entregados a servidores públicos de Guatemala y 300 mil más a funcionarios de El Salvador. La autora afirma en el libro:
“Sin embargo, nadie sabe qué pasó con los otros 400 mil dólares de la recompensa. Hay quienes insinúan que Jorge Carpizo se los quedó”.
En su demanda, el también investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que el señalamiento es falso y aporta como prueba una copia del comunicado de prensa 269/93 de la PGR, fechado el 1 de julio de 1993, intitulado “Pagos de la recompensa ofrecida por la captura de Joaquín Guzmán Loera”.
Según el documento, la distribución del dinero por la captura de Guzmán Loera se realizó de la siguiente manera: 500 mil dólares a servidores públicos guatemaltecos; 200 mil dólares a servidores públicos salvadoreños y 300 mil dólares a servidores públicos mexicanos.
En el comunicado de prensa citado por Notimex se explica que los detalles adicionales al pago de la recompensa fueron omitidos “por la necesidad de guardar absoluta confidencialidad en la entrega de reconocimientos y recompensas, por razones de seguridad para esas personas. Sin embargo, la entrega de ese dinero y los detalles del mismo se llevaron a cabo ante notario público”.
El caso fue turnado al Juez Sexagésimo Quinto de lo Civil Julián Enríquez Escobedo, con el número de expediente 64/2012 Secretaría B.
En el comunicado de prensa, Carpizo McGregor señala que “con fundamento en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal se solicitó al Tribunal de Justicia emita una sentencia que permita resarcir el daño causado, y que propicie la buena investigación periodística”.
Por lo tanto, solicita que el juez ordene a Anabel Hernández y a la editorial que en los libros en circulación sea insertada “una aclaración” sobre las imputaciones que se le hacen, así como en las futuras ediciones.
También pide que se inserte un extracto de la sentencia en los ejemplares del libro y que Hernández y la editorial cubran el costo del juicio.
Para Julián Andrade, uno de los columnistas más influyentes entre los periodistas, Anabel Hernández “siguió el camino fácil de escuchar a fuentes desacreditadas y por ello escribió una serie de disparates que no aguantan un examen serio”. Escribió en su columna del diario La Razón de este viernes 2 de marzo:
“Una de sus víctimas fue Carpizo. Hernández, es evidente, erró el tiro. Se puede acusar a funcionarios, que por sus actividades se ven impedidos de responder a las injurias, pero no se puede acusar, de modo impune, a uno de los intelectuales más importantes de las últimas décadas”.
En su columna, intitulada “Jorge Carpizo contra el mal periodismo”, escribe que la licenciada Perla Gómez “decidió tomar el caso porque está convencida que la buena práctica periodística no puede estar sustentada en la injuria y mucho menos en la mentira”.
Sus reflexiones van contracorriente de lo políticamente correcto entre algunos periodistas, que celebran cualquier texto que aborde el tema del narcotráfico. Escribe Andrade:
“Hay una literatura bastante chafa sobre el tema del narcotráfico. Es la que en teoría remite a buenas fuentes, pero que en la realidad no cuenta con sustento alguno.
“Vendrán los desgarramientos de vestiduras, y los llamados al respeto al trabajo de los comunicadores, pero quien atienda el caso verá que estamos, además, ante un ataque más de la ultraderecha.
“La editorial, Random House Mondadori, al momento de contestar la demanda, señaló que una de las fuentes de Hernández es el abogado José Antonio Ortega Sánchez.
“Cualquier persona enterada sabe que ese señor no puede ser fuente de nada y que más bien tiene que aclarar toda una serie de estropicios en el caso Posadas Ocampo.
“Hernández acusa, sin sustento, a los hermanos Vázquez Raña y además dice que desapareció el parte informativo de la declaración de Joaquín Guzmán Loera.
“En el libro Asesinato de un cardenal se publicó parte del documento que la escritora dice que no aparece, pero aún más, en 2002 Néstor Ojeda lo publicó íntegro en la revista Milenio”.
Apenas el jueves 1 de marzo, se había informado que la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), con sede en París, otorgó a Anabel Hernández el premio Pluma de Oro de la Libertad 2012.
En un comunicado, la organización considera que “México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas, siendo la violencia y la impunidad los mayores desafíos para la libertad de prensa. Al conceder este premio, WAN-IFRA quiere reconocer la fuerte postura adoptada por Anabel Hernández, con gran riesgo para su vida, contra los carteles del narcotráfico”.
