ALMARGEN Tendencias para un periodismo del futuro
El sábado 20 de diciembre, medios de comunicación de Coahuila reportaron el hallazgo de un cadáver en una casa de seguridad de Saltillo. Las autoridades localizaron el cuerpo ocho horas después. Después de que reporteros de Vanguardia documentaron que el sitio permaneció sin resguardo oficial por dos días, el gobierno estatal pretende “criminalizar” su trabajo evadiendo las irregularidades del caso, que incluyen fuga de información del Ministerio Público.
El siguiente es el contenido del editorial intitulado ‘Criminalizar’ periodistas: ésa es la torpe respuesta, publicado este martes 23 de diciembre de 2014:
No es nada nuevo -al menos en México- que, frente a la exhibición de la incompetencia de las autoridades, estas respondan amagando con utilizar la fuerza del estado para “castigar” las conductas indebidas en las cuales habrían incurrido los periodistas para obtener la información que publican.
Por ello, nadie puede asombrarse que, frente a la documentación de los desaciertos -por decir lo menos- en los cuales han incurrido en los últimos días la Procuraduría General de Justicia así como la Secretaría de Gobierno, ambas instancias del Poder Ejecutivo de Coahuila, la respuesta sea el amago de “criminalizar” el trabajo periodístico.
Los hechos, como hemos documentado en los últimos días, derivan del hallazgo de una presunta “casa de seguridad” en el fraccionamiento Jardines Coloniales, en la cual se habría localizado una fosa clandestina conteniendo un cuerpo aún no identificado.
VANGUARDIA ha evidenciado una serie de contradicciones en las cuales se han embarcado, por un lado, el secretario de Gobierno Armando Luna Canales y, por el otro, diversos funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a propósito de este caso.
La parte más grave de este relato es la relativa a la forma en la cual un medio de comunicación local “supo” -y publicó en “primicia”- del hallazgo del cuerpo varias horas antes de que, según las declaraciones oficiales, comenzaran siquiera a excavar en la presunta “casa de seguridad”.
Miembros de la redacción de este matutino documentaron cómo el domicilio permaneció abandonado y sin señalamientos de ningún tipo durante al menos dos días, pese a la insistencia del secretario Luna Canales en la versión contraria.
Frente a la evidencia, la respuesta que se ha deslizado constituye la clásica postura de los déspotas: se tomarán huellas del lugar a fin de identificar a los periodistas que ingresaron al lugar y -se entiende- “indagar” su participación en los hechos o, como se dice en el argot policial, “deslindar responsabilidades”.
No es la primera ocasión en la cual la Secretaria de Gobierno y la PGJE recurren a tal estrategia: ya anteriormente han intentado el truco de “criminalizar” periodistas para atajar las publicaciones que les resultan “incómodas”.
La última vez que recurrieron a esa estrategia tuvieron que ofrecer una disculpa pública por su proceder.
Pero el problema, como lo hemos dicho anteriormente, no estriba en que los titulares de ambas dependencias exhiban su vena despótica en casos como éste. Los medios de comunicación entendemos el riesgo implícito en la realización de nuestro trabajo.
El problema real estriba en que la Secretaría de Gobierno y la PGJE son las dependencias fundamentales de cuyo trabajo depende la posibilidad de que, en materia de seguridad, los ciudadanos recuperemos la confianza en las instituciones y podamos ver con optimismo el futuro.
Fuente: Vanguardia
