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“¿No hay problema con difundir videos o audios obtenidos ilegalmente siempre que un periodista los considere noticia? ¿No vale la pena preguntarse a quién se le está haciendo el juego?” El periodista y académico Mario Campos propone abrir espacios “para discutir qué hacemos con las guerras de lodo”, tras la reciente difusión en México de grabaciones ilícitas que involucran a políticos y a un periodista.
El analista Mario Campos, también conductor de Agenda Pública de foroTV, considera que la discusión debe iniciarse en el contexto de la difusión de videos del grupo criminal Los Caballeros Templarios, en los que se exhibe a políticos reunidos con Servando Gómez, La Tuta; las imágenes de diputados panistas en una fiesta privada y las grabaciones ilegales realizadas al periodista Pedro Ferriz de Con.
“Con estas experiencias valdría la pena que así como se discutió en los medios sobre la cobertura de la violencia, ahora se abran espacios —virtuales y presenciales— para discutir qué hacemos con las guerras de lodo”, dice Mario Campos en un artículo publicado en El Universal este martes 19 de agosto de 2014 bajo el título “Ahí vienen las guerras de lodo”.
En el caso de los panistas, el autor reflexiona:
Más allá de su conducta, el hecho es que alguien los grabó con varias cámaras y guardó el material para soltarlo después de que fueron aprobadas todas las reformas estructurales. La producción fue un hit. Aunque seguimos sin conocer a los autores del video, los efectos fueron inmediatos. En tres días el PAN tuvo un severo golpe a su imagen y dos diputados perdieron sus funciones como coordinadores de bancada.
Por su fuera poco, la difusión del video estuvo acompaña de menciones de cientos de bots que pusieron a circular un nuevo logotipo del PAN, en el que aparecía la silueta de una mujer con un par de manos sobre su cuerpo. Y debajo de la imagen el logo del PAN con dos pistolas con decoración tipo narco. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Que formaban parte de la misma campaña.
En los tres “los medios les han abierto las puertas, han marcado agenda y han logrado exhibir a los protagonistas de las historias. ¿Cuál es el mensaje? Que los medios están deseosos de ese tipo de material y que no habrá preguntas incómodas antes de su difusión”.
“El tema debería preocuparnos porque muestra la pobreza de nuestra democracia si quienes fijan la agenda son personajes que no dan la cara y no respetan la ley”, señala.
“Con estas experiencias valdría la pena que así como se discutió en los medios sobre la cobertura de la violencia, ahora se abran espacios —virtuales y presenciales— para discutir qué hacemos con las guerras de lodo”, escribe Mario Campos.
“Habría que preguntarse, por ejemplo, dónde trazamos la línea entre vida pública y privada. ¿Lo que haga un gobernante, legislador o periodista cuando no está en funciones es relevante?, ¿incluso si no hay recursos públicos o delitos de por medio?”
“¿No hay problema con difundir videos o audios obtenidos ilegalmente siempre que un periodista los considere noticia? ¿No vale la pena preguntarse a quién se le está haciendo el juego?”
En torno a esas preguntas, Campos advierte que “nadie parece especialmente preocupado por el tema. El gobierno no investigará quién es el distribuidor de los video de La Tuta o quién grabó ilegalmente a los panistas o a Ferriz de Con”.
“Los medios, piezas centrales en este tablero, han usado incluso los escándalos para ajustes de cuentas gremiales, y entre las audiencias hay sectores que no están interesadas en saber cómo se obtienen ni quién está detrás de las noticias que se les presentan”.
