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Siete periodistas de distintos medios fueron víctimas de un asalto en un retén ilegal, donde unas 100 personas armadas y encapuchadas los despojaron de sus equipos de trabajo y pertenencias, en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, Guerrero, el sábado 13 de mayo de 2017.
El caso exhibe las condiciones de vulnerabilidad, los riesgos y la falta de garantías para la cobertura informativa en zonas controladas por grupos criminales vinculados al narcotráfico.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que la Feadle inició una carpeta de investigación y que el Mecanismo de Protección dará seguimiento a la situación de los periodistas.
Por su parte, la CNDH ofreció el acompañamiento necesario a los comunicadores y señaló que “permitir que grupos armados intimiden, agredan a violenten a periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con garantizar la seguridad de la población y el libre ejercicio de la libertad de expresión en México”.
Las víctimas del asalto a periodistas son:
Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero; Jair Cabrera, reportero gráfico y colaborador de La Jornada; Hans Máximo Musielik, de Vice News; Pablo Pérez García, de Hispano Post; Jorge Martínez, de la agencia Quadratín; Ángel Galeana, de Imagen TV, y Alejandro Ortiz, del diario Bajo Palabra.
“Los pistoleros, presuntamente pertenecientes a la organización delictiva ‘La familia michoacana’, despojaron a los reporteros de sus pertenencias, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y de video, teléfonos celulares, dinero en efectivo, así como una camioneta Patriot (propiedad de Sergio Ocampo), todo valuado en cerca de un millón de pesos”, publicó La Jornada.
El asalto ocurrió en un retén ilegal colocado por las personas armadas a la altura del municipio de Acapetlahuaya, en la zona norte de Guerrero.
El grupo de comunicadores se había trasladado a esa zona con el propósito de cubrir los bloqueos y enfrentamientos ocurridos después de que el Ejército y policía estatal tomó control de la seguridad en el municipio de San Miguel Totolapan.
“Cuando iban ingresando a la localidad, cientos de personas, encabezadas por integrantes del Movimiento por la Paz, les intentaron impedir el paso colocando algunas barricadas”, reportó La Jornada.
“A raíz del arribo de soldados y agentes estatales en al menos siete de los nueve municipios que conforman la región de la Tierra Caliente, hubo reportes de al menos 14 bloqueos carreteros, varios realizados por transportistas, y 20 vehículos incendiados”, señaló el diario.
En el trayecto, los periodistas pasaron por un retén militar y luego se dirigieron con rumbo al crucero que va al municipio de Acapetlahuaya.
Alrededor de las 18:00 horas “se toparon con un bloqueo hecho con piedras y palos, resguardado por unos 100 civiles armados, que con palabras altisonantes los obligaron a bajar de las dos camionetas, una Jeep Liberty y una Patriot”.
“Los periodistas fueron retenidos por espacio de 15 minutos por sujetos visiblemente drogados”, según el rotativo.
“Los comunicadores fueron llevados a un callejón, donde había unas viviendas, mientras un grupo de pistoleros sacaba de las camionetas las computadoras, cámaras y demás equipo, y otros pedían las carteras de los periodistas”.
“Después de unos 15 minutos, finalmente otro de los líderes de los civiles armados advirtió que uno de los vehículos se quedaría. Ante los reclamos de los periodistas, indicó: si no se van, les vamos a quitar las dos camionetas y se los va a llevar la chingada. Los comunicadores optaron por retirarse en el vehículo que les dejaron”.
“A Hans Máximo, uno de los civiles armados lo amagó con una pistola en la cabeza, y le advirtió: ‘si vemos que se detienen en el retén y dicen lo que les pasó, los vamos a comer vivos. Ahí tenemos halcones vigilando’”, de acuerdo con la narración.
Intervención de la Feadle y la CNDH
Tras el asalto a periodistas, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que la Feadle inició una carpeta de investigación y que el Mecanismo de Protección dará seguimiento a la situación de los periodistas.
El posicionamiento de la dependencia es el siguiente:
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle), dio inicio a una carpeta de investigación por la agresión a siete periodistas de diversos medios de comunicación, ocurrida ayer 13 de mayo, en la carretera Iguala-Altamirano, en el estado de Guerrero.
Desde el día de ayer, la Feadle, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, contactó directamente a los comunicadores afectados al tiempo en que coordinó acciones con las autoridades estatales para iniciar la investigación de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
Igualmente, en coordinación con la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se dará seguimiento a la situación de los periodistas agredidos.
La Procuraduría General de la República condena todos aquellos actos de agresión en contra de personas dedicadas al periodismo y en agravio al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al tiempo en que reitera su compromiso de llevar a cabo una investigación inmediata y oportuna.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ofreció el acompañamiento necesario a los comunicadores y señaló que “permitir que grupos armados intimiden, agredan a violenten a periodistas obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con garantizar la seguridad de la población y el libre ejercicio de la libertad de expresión en México”.
El siguiente es el comunicado emitido por la CNDH sobre el asalto a periodistas:
De conformidad con la información difundida, el día de ayer diversos periodistas de medios locales, nacionales e internacionales fueron agredidos por un grupo de hombres armados, cuando arribaron a un retén instalado en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura del municipio de Acapetlahuaya.
Los periodistas, que viajaban en dos camionetas, fueron agredidos por hombres armados quienes les sustrajeron sus pertenencias y materiales de trabajo como celulares, cámaras y documentos personales, tarjetas bancarias y pasaportes, así como una de las camionetas en las que se desplazaban, además de amenazarlos.
Personal de este Organismo Nacional sostuvo comunicación telefónica con Eric Chavelas Hernández, del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, con objeto de ofrecer las acciones y el acompañamiento necesario a los periodistas agredidos.
Guerrero es una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México, por lo que es necesario que las autoridades establezcan las condiciones necesarias para garantizar que la labor de las y los periodistas pueda realizarse sin ningún tipo de afectación por parte de servidores públicos o particulares.
Por ningún motivo puede permitirse que grupos armados intimiden, agredan o violenten el material de trabajo de las personas que ejercen el periodismo en el Estado de Guerrero o en alguna otra región del país; ello obliga a que las autoridades de los tres órdenes de gobierno cumplan con garantizar la seguridad de la población y el ejercicio libre de la libertad de expresión en México.
