viernes , 29 marzo 2024
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Un año de impunidad en ataque de policías a reporteros de Noroeste

reporteros agredidos

Hace un año que en Culiacán y Guamúchil policías actuaron contra reporteros de Noroeste, en una de las marchas multitudinarias para pedir la liberación de Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Por Gabriel Mercado / Noroeste

Opacidad, negligencia, protección a los agresores y manejos dudosos del caso han sido las características adoptadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado para investigar, más no castigar, a los verdaderos responsables de golpear y dañar los equipos de periodistas de Noroeste.

Hoy hace un año se dieron marchas multitudinarias en algunos municipios del estado por personas que pedían la liberación del presunto narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo Guzmán», y fue en Culiacán y Guamúchil donde los policías actuaron contra los reporteros de esta casa editorial al descubrir que eran grabados y fotografiados tratando de disuadir las manifestaciones, algunos disparando al aire.

Dos compañeros en Culiacán fueron agredidos, a uno le arrebataron el celular con que grababa, mientras otro fue pateado entre varios policías quienes le rompieron su equipo de trabajo lo esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza y amenazaron. El corresponsal en Salvador Alvarado fue retenido, ahorcado y su cámara fotográfica fue destrozada.

Hasta ahora, no se sabe quiénes fueron, y nadie está en la cárcel pagando por estos hechos.

El abogado penalista Óscar Mendoza, quien lleva el caso, es claro, incluso al afirmar que se fabricaron un par de responsables. Sólo a uno de cuatro agentes involucrados en la agresión y de arrebatar el teléfono celular en Culiacán se le giró orden de aprehensión en el juzgado sexto penal y se le sigue un proceso. En el más grave, no se conoce siquiera a los responsables.

En el caso de Guamúchil, se ejecutó también acción penal, se instauró un proceso, pero la Procuraduría erróneamente consignó la denuncia, y en lugar de señalar abuso de autoridad, se enfocaron sólo en los daños, y el expediente fue mal elaborado ya que al no ser el reportero el dueño de la cámara, permitió quedara sin efecto.

«Maliciosamente sólo consignó por daños contra un policía, fue todo orquestado por parte de la Procuraduría, de tal manera que sorpresivamente consignan, por disposición del Procurador imagino que así fue, y yo dije ‘aquí esto va a abortar’, es decir, tarde que temprano va a quedar sin efecto, porque no se acreditó el requisito de procedibilidad, es decir, el fotógrafo nunca pudo acreditar que era el propietario de la cámara, el procesado pidió un amparo y le fue concedido, de tal manera que quedó sin efecto», señaló Mendoza.

«Ha habido demasiada complicidad de parte de la Procuraduría en no investigar debidamente… yo pienso que hubo complicidad en la mecánica de investigación, la forma de desahogo, la Procuraduría seguramente estuvo protegiendo quiénes fueron, y los que consignaron, a juicio mío, no fueron realmente quienes agredieron a los periodistas, eran personajes que los eligieron y finalmente ellos tuvieron que enfrentar el proceso, pero con muchos errores jurídicos, que debieron de haberlos observados porque se supone que son peritos en derecho y porque se supone son gente experimentada en la procuración de justicia», acusó el legista.

Añadió que pese a que se radicaron algunas averiguaciones previas en PGR, en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hace un mes remitieron de vuelta las averiguaciones a la Procuraduría estatal, pese a que esta fiscalía hoy día por ley debe asumir la responsabilidad en investigar las agresiones contra la prensa, incluso del fuero común.

Así, el contador numérico que aparece en la portada de este diario sigue sumando días exigiendo justicia, sin conocerse el nombre de los responsables reales y sin el pago de los daños a las víctimas, sólo se tiene una disculpa pública que emitió un día después de los hechos el Secretario General de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, y una promesa vana, echada al aire, del Gobernador Mario López Valdez que se investigarían las actuaciones, aún sin cumplirse.

Fuente: Noroeste

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