martes , 19 junio 2018
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The New York Times exhibe el fracaso oficial para garantizar la libertad de expresión en México

The New York Times publica en su portada un amplio reportaje sobre los peligros y falta de garantías para ejercer el periodismo en Veracruz y en el país, a partir de los asesinatos de Moisés Sánchez, Regina Martínez y Pedro Tamayo. Exhibe la impunidad en los homicidios y el fracaso de las instancias oficiales de protección y procuración de justicia.

Una amplia fotografía de la tumba en la que fue sepultado el periodista Pedro Tamayo el verano pasado ilustra la primera plana de The New York Times. En la imagen, tomada por Daniel Berehulak, se observan varios familiares. Fue el primer reportero mexicano asesinado pese a a estar bajo la protección del Estado.

El reportaje de Azam Ahmed puede leerse completo en español y en inglés en los siguientes links:

‘Es muy fácil matar periodistas’: La crisis de la libertad de expresión en México

In Mexico, ‘It’s Easy to Kill a Journalist’

En la versión impresa se publicó bajo el título: “‘It’s Easy to Kill a Journalist’ in Veracruz State”

“Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de carteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían”, publica The New York Times.

Agrega que “de acuerdo con los datos del gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los carteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso del gobierno para hallar a los responsables”.

“Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matar a los periodistas por sus coberturas”, señala.

No obstante, añade, “de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra periodistas en los últimos seis años, solo han sido emitidas dos sentencias por la fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión”.

“No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan”, comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del gobierno.

“Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo”, indica el influyente rotativo.

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