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SIP y gobierno analizan reapertura de las investigaciones sobre homicidios de Oropeza y El Gato Félix

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció la creación de un Grupo de Trabajo con el gobierno de México a fin de analizar la posible reapertura de los casos de homicidio de los periodistas Víctor Manuel Oropeza y Héctor “El Gato” Félix Miranda, atendiendo una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los Cabos, BCS., sábado 13 de marzo de 2004.- El gobierno de México determinó aceptar el reclamo de la Sociedad Interamericana de Prensa para crear un Grupo de Trabajo que analice los casos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, informó el vicepresidente para México de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información, Juan Francisco Ealy Ortiz.

El columnista de Diario de Juárez, Víctor Manuel Oropeza, fue asesinado 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez y Héctor El Gato Félix Miranda, codirector del Zeta de Tijuana, el 29 de abril de 1988.

La petición fue aceptada después de una audiencia celebrada en octubre pasado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, explicó el también Presidente y Director General de El Universal.

En este Grupo participarán un directivo de la SIP, un representante de la Vicepresidencia de la Comisión de Libertad de Prensa y funcionarios de los estados de Baja California y Chihuahua, donde se cometieron los crímenes, mismos que ya celebraron su primera sesión.

“Tengo la esperanza de que en las próximas semanas podremos difundir novedades alentadoras sobre este tema”, dijo Ealy Ortiz, durante la reunión de la SIP que se realiza en Los Cabos, Baja California Sur.

En ese encuentro, también informó de avances en las cuatro misiones que se ha propuesto la Vicepresidencia de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP: que los asesinatos de periodistas en México sean perseguidos por la justicia federal; que se adopten las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los casos de los periodistas Héctor El Gato Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza; que se retire el delito de difamación de los códigos penales, y que las leyes reconozcan el derecho al secreto profesional del periodista.

Por su parte, Alberto Ibargüen, presidente de la Comisión contra la Impunidad de la SIP, informó que hay un acuerdo consensuado con la subsecretaria para Temas Globales y Derechos Humanos de la cancillería, Patricia Olamendi, para impulsar los procesos judiciales relacionados con los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.

En dicho acuerdo se recogen las recomendaciones de la CIDH al gobierno mexicano en 1999 sobre la responsabilidad internacional en esos dos casos, y en el que pidió la reapertura de las investigaciones y que se reparen los daños a los familiares.

El gobierno del presidente Vicente Fox ha informado que presentará una iniciativa legislativa que modificará la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que tenga capacidad de asumir la investigación de todos aquellos casos que representen violaciones graves a los derechos humanos, lo que incluirá el asesinato de periodistas, cuando existan elementos para suponer que ello se debió a su tarea profesional.

El siguiente, es el informe que presentó el Vicepresidente para México de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.

Sociedad Interamericana de Prensa

Reporte de la Vicepresidencia para México de la

Comisión de la Libertad de Prensa e Información

(Asamblea de Medio Año. Los Cabos, BCS, México. Marzo 13 de 2004)

La Vicepresidencia que me ha sido confiada informa a esta honorable asamblea el estado que guardan las libertades de prensa e información en México.

En los últimos seis meses hemos visto ampliarse en México un intenso proceso de transición política que, entre otros ejes fundamentales, encuentra un ejercicio periodístico cada vez más libre e independiente.

Frente a los diversos actores de la política mexicana, que en muchos casos protagonizan escándalos y muestran incapacidad para construir consensos sobre temas diversos, la prensa y los periodistas mexicanos estamos cumpliendo nuestra tarea, buscando honrar la confianza que la sociedad ha depositado en nosotros.

Esta misma confianza construye una suerte de “blindaje social” que nos permite desarrollar nuestra labor en mejores condiciones, con el respeto de las autoridades gubernamentales y de otras expresiones del poder público o privado.

Como detallaré más adelante, presiones y agresiones sobre periódicos y periodistas se siguen produciendo, pero tienden a disminuir y cuando ocurren, despiertan hoy más que nunca, un sólido repudio al que se suman no sólo los profesionales de la comunicación, sino sectores sustantivos de la comunidad. La sociedad mexicana experimenta, con mayor claridad, que una prensa libre e independiente es una aliada en su vida cotidiana, en la exigencia de rendición de cuentas por parte de la autoridad y en la búsqueda de un país menos desigual, más justo y más democrático.

La Vicepresidencia que honrosamente desempeño asumió desde el inicio de su gestión la misión de intensificar esfuerzos en torno a reclamos que se han venido acumulando por años en torno a las libertades de prensa y opinión en México.

Estos reclamos están directamente relacionados con la vigencia plena de la Declaración de Chapultepec, de la cual recientemente festejamos en la ciudad de México el Décimo Aniversario de su proclamación.

Entre los reclamos a los que me refiero destacan los siguientes:

1.- La demanda de que los casos de asesinatos contra periodistas sean perseguidos por la justicia federal, para garantizar una procuración de justicia más adecuada.

2. La atención a los casos de periodistas asesinados que han sido elevados a la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a los crímenes contra Héctor Félix Miranda, ocurrido el 29 de abril de 1988, y contra Víctor Manuel Oropeza, cometido el 3 de julio de 1991.

3.- La exigencia de que el delito de difamación sea retirada de la legislación penal, para evitar el riesgo de que el ejercicio periodístico sea amenazado con penas de cárcel.

4.- La demanda de que en la legislación mexicana sea reconocido el derecho a la secrecía de las fuentes de información o secreto profesional del periodista. Estos puntos marcan, como he dicho en otras ocasiones, algunos de los rezagos estructurales que se observan en México en torno a la libertad de expresión. Con la misma intensidad con que buscamos combatir y dar seguimiento a los casos de agresiones contra diarios y periodistas, hemos empeñado nuestra gestión para avanzar en estos temas de largo aliento.

Al respecto, tengo la satisfacción de informar avances, en los términos siguientes:

* El gobierno del presidente Vicente Fox ha informado que presentará una iniciativa legislativa que modificará la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que tenga capacidad de asumir la investigación de todos aquellos casos que representen violaciones graves a los derechos humanos, lo que incluirá el asesinato de periodistas, cuando existan elementos para suponer que ello se debió a su tarea profesional. Esta reforma legislativa coronará una serie de gestiones emprendidas por la SIP durante muchos años en contra de la impunidad. Una tarea persistente que sumó el esfuerzo de muchos de nuestros colegas, entre los que me permito distinguir a nuestro amigo Alberto Ibargüen, presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP.

* Tras una audiencia celebrada en octubre pasado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el gobierno de México determinó aceptar el reclamo de la SIP para crear un Grupo de Trabajo que analice los casos de Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza. En este Grupo participarán un directivo de la SIP, un representante de esta Vicepresidencia y funcionarios de los estados de Baja California y Chihuahua, donde se cometieron los crímenes. Este Grupo efectuó ya su primera sesión. Tengo la esperanza de que en las próximas semanas podamos difundir novedades alentadoras sobre este tema.

* El gobierno de la ciudad de México anunció el 20 de febrero pasado una iniciativa de ley orientada a retirar del Código Penal local los delitos de difamación y calumnias. En el documento respectivo se subraya que en su tipificación actual, esos delitos inhiben la crítica del gobernado contra la autoridad, y representan una mordaza para el trabajo de los medios de comunicación. Considero que la próxima aprobación de esa iniciativa en el Congreso local representará un positivo ejemplo para otros estados. Desgraciadamente, otras entidades del país, como Chiapas y Aguascalientes, han hecho enmiendas a sus leyes en la materia para volverlas todavía más lesivas para el ejercicio periodístico, como lo explicaré más adelante.

* Por último, en lo que toca a estos cuatro temas, informo que el Senado mexicano trabaja en estos momentos en una iniciativa de ley para establecer el secreto profesional del periodista. La propuesta, que podría ser votada el próximo mes de abril, tiene carácter federal, y prohíbe a agentes del Ministerio Público y a jueces exigir a periodistas revelar sus fuentes. Incluso, establece sanciones para cualquier servidor público que ejerza esas presiones.

* En todos estos casos, esta Vicepresidencia, por conducto del diario “El Universal” que me honro en presidir, ha buscado sumar a un amplio número de medios de comunicación en encuentros y gestiones para promover el apoyo y el entusiasmo sobre estos temas en diversos niveles de gobierno, lo mismo que entre partidos políticos, legisladores y la comunidad académica.

* Lo mismo ha ocurrido con el necesario impulso al tema del acceso a la información pública, que promovemos ahora en diversos estados de la República mexicana, una vez que está ya en vigencia una ley federal en la material, con alentadores resultados. Fue en esta dinámica que aportamos nuestros esfuerzos a la convocatoria lanzada por la SIP para realizar en enero pasado en la ciudad de México, un foro sobre transparencia en el Poder Judicial Federal mexicano, cuyos efectos fueron sumamente positivos.

* Para concluir este reporte, detallo los casos más relevantes de agresiones registradas en contra de las libertades de prensa y opinión.

* En este período se reportó la muerte de tres personas a las que se presentó como periodistas. Destaca el caso de Alberto Torres Villegas, ex fotógrafo de asuntos policiacos PARA “El Sol del Centro”, en la ciudad de Córdoba, Veracruz. El fue ejecutado el pasado 11 de febrero en hechos que la autoridad atribuyó en principio al narcotráfico. El otro caso corresponde al de una persona asesinada en la vía pública en el norteño estado de Chihuahua. Fue identificado como periodista porque en sus bolsillos portaba la credencial de una asociación de diaristas de la que no se tiene registro. El no era vecino de Ciudad Juárez, donde fue victimado, y se desconocen los motivos de su presencia en la misma. Consultados al respecto, sus deudos negaron que la víctima hubiera sido nunca periodista. Por último, en la ciudad de México fue asesinada otra persona que en años previos había laborado en diversos medios de comunicación, pero según se determinó, había abandonado el oficio para unirse a parientes ligados al tráfico de drogas en la capital del país. Los indicios disponibles apuntan en el sentido de que se muerte fue producto de estas últimas actividades.

* El 25 de noviembre de 2003 surgieron nuevas evidencias sobre el caso del periodista norteamericano Philip True, cuyo cadáver fue encontrado en una zona montañosa del estado occidental de Jalisco en diciembre de 1998. Semanas después se determinó que los indígenas Juan Chivarra y Miguel Hernández eran culpables de su muerte, y fueron condenados por ello a una pena de 13 años de prisión. Sin embargo, en agosto de 2002 los dos fueron liberados por un juez que revisó el caso y consideró que no existieron pruebas suficientes para su sentencia. En noviembre pasado, la abogada Patricia Morales, quien fue la defensora de los acusados, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló que Chivarra y Hernández le confesaron sí ser los asesinos de True. El Ministerio Público ha apelado la orden de liberación de los acusados ante el Tribunal Superior de Justicia del estado, cuya resolución está pendiente de ser emitida.

* En diciembre de 2003 la periodista Irene Medrano Villanueva, del estado de Sinaloa, al noreste del país, denunció amenazas de muerte por vía telefónica y disparos al aire fuera de su domicilio, luego de que publicó una serie de reportajes sobre prostitución infantil en la capital del estado, Culiacán. Por registros telefónicos se ha comprobado que algunas de esas amenazas han provenido de la oficina del alcalde local, Jesús Enrique Hernández Chávez, quien está sujeto a investigación.

* El gobierno del estado de Chiapas concentra múltiples denuncias de agresiones contra periodistas. Las mismas surgen de los diarios “Cuarto Poder”, que encabeza el señor Conrado de la Cruz, y “Siglo XXI”, que dirige en la ciudad de San Cristóbal de las Casas el señor Walter Hernández González. En enero pasado, el columnista de “Cuarto Poder”, Ángel Mario Ksheratto, fue detenido por acusaciones de difamación y posteriormente liberado tras el pago de una fianza. La acusación surgió luego de que él publicara pruebas de supuesta corrupción en un funcionario estatal. Varios diaristas laboran con amparos de la justicia federal ante el temor de ser detenido.

* El 17 de febrero, también en Chiapas, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal que agravan las causas de difamación penal y calumnia, agravando las penas igualmente. Estas reformas han provocado reclamos contra el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, lo que ha incluido marchas de periodistas en diversas ciudades del estado.

* El 12 de febrero el Congreso del central estado de Aguascalientes aprobó una iniciativa de ley enviada por el gobierno del estado que regresaron al Código Penal local los delitos de difamación y calumnia, que ya habían sido retiradas en mayo de 2003.

* El 1 de enero el periodista de Baja California Daniel León Rivera presentó una denuncia por agresiones y amenazas por parte del diputado federal suplente y ex alcalde local Silvano Abarca Macklis, quien lo golpeó en la vía pública a raíz de una publicación en el semanario “Foro de Ensenada”, en el que se le acusaba de malos manejos durante su gestión como presidente municipal en la comunidad de Rosarito.

* El 19 de febrero policías ministeriales del estado central de Morelos irrumpieron en el domicilio del fotógrafo de prensa de “El Universal”, Jorge Medina Palomino, sin orden de cateo o detención, bajo el argumento de que buscaban un supuesto laboratorio de drogas. El fotógrafo Medina había documentado en los días previos abusos en una incursión policial a una comunidad indígena de la entidad.

* En febrero último, el periodista Mario Renato Menéndez, propietario del diario “Por Esto!” de Yucatán, denunció intentos de intimidación de autoridades que pretenderían detenerlo arguyendo un adeudo fiscal menor que había derivado en una investigación judicial sobre la cual no se le había otorgado derecho de audiencia.

Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz

Vicepresidente para México de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP

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