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El ex gobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido en Acapulco, Guerrero, el 3 de febrero de 2021, mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lydia Cacho.
Marín es señalado de ser autor intelectual en la tortura contra Cacho, cometida los días 16 y 17 de diciembre de 2005, como represalia por la publicación del libro Los demonios del Edén.
Marín fue trasladado a Cancún, Quintana Roo, donde se encuentra radicado el proceso penal.
Durante la noche del 9 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra del ex gobernador de Puebla, quien enfrentará el proceso en prisión preventiva.
“El auto de formal prisión contra Marín es el primer caso en el que se procesa a una figura política de alto nivel por actos de tortura cometidos en menoscabo de la libertad de expresión”, de acuerdo con la organización ARTICLE 19.
El 3 de diciembre de 2020 habían sido liberadas de nueva cuenta las órdenes de aprehensión en contra de Kamel Nacif, Mario Marín y Adolfo Karam por su responsabilidad en la tortura a Lydia Cacho.
“Las órdenes giradas el 11 de abril de 2019 habían sido canceladas en noviembre luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún, Quintana Roo confirmara un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Unitario el año pasado a los hoy prófugos”, informó el organismo defensor de la libertad de expresión.
En el marco del cumplimiento de dichos amparos la Magistrada del Primer Tribunal Unitario María Elena Suárez Préstamo volvió a girar las órdenes de captura.
Antecedentes
En marzo de 2005, Lydia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil, en el cual reveló la existencia de una red de corrupción y explotación infantil.
En dicho libro, señaló al empresario José Kamel Nacif Borge, a Jean Succar Kuri, al exgobernador de Puebla, y a otros políticos como Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa .
Los días 16 y 17 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue víctima de detención arbitraria, tortura sexual y discriminación en razón de género a manos de agentes del Estado mexicano durante su traslado de más de 20 horas de Quintana Roo al estado de Puebla.
Esto como parte de la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, orquestada por Mario Marín, a raíz de la denuncia por difamación que Kamel Nacif interpuso contra la periodista por la publicación del libro.
La lucha de 15 años librada por Lydia da luz de la existencia de redes político-criminales donde silenciar a periodistas, que revelan sus actos ilegales relacionados con grave corrupción y graves violaciones de derechos humanos, asegura su permanencia.
El 21 de julio de 2019, sujetos desconocidos allanaron el domicilio de la periodista y envenenaron a sus mascotas. Como consecuencia, hace casi 2 años que Lydia no puede volver a su casa, pues hasta ahora, no existen las condiciones que le permitan vivir sin miedo y tampoco aquellas que garanticen que su voz y su lucha no serán reprimidos.
Las agresiones contra Lydia fueron cometidas por una red de poder que va más allá del caso e implica esquemas de trata de personas, pornografía infantil y lavado de dinero.
Como muestra de la vinculación de estas redes con cuestiones de lavado de dinero se ha expuesto a través de los amparos promovidos por los familiares de Marín Torres, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas en marzo de 2020.
En la resolución judicial que las descongeló, se muestra que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) emitió el 12 de marzo de 2020 una solicitud internacional de investigación por blanqueo de capitales.
Finalmente, que nunca se olvide, cada año alrededor de 4 millones de niños y niñas son abusadas sexualmente en México (OCDE, 2018).
Por ellas y ellos, por Lydia y por todas las y los periodistas asesinados y por quienes siguen alzando la voz ARTICLE 19 exige:
- A las autoridades judiciales imponer la condena máxima por el delito de tortura a Mario Marín y demás responsables.
- A la Fiscalía General de la República actuar con diligencia en la localización y detención de los otros autores intelectuales, Kamel Nacif y Hugo Karam.
- Al Estado, implementar las acciones necesarias para la reparación integral del daño y compensación adecuada para Lydia y su familia. En especial garantizar las condiciones óptimas y adecuadas para su regreso.
- A todas las autoridades de todos los niveles de gobierno, combatir la impunidad en delitos contra la libertad de expresión y garantizar condiciones para la no repetición, a fin de que periodistas y personas defensoras de derechos humanos pueden ejercer sus derecho a la libertad de expresión.
- Continuar con debida diligencia la investigación del allanamiento a la casa de Lydia ocurrida en 2019 para identificar, procesar y sancionar a todos los responsables. Una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados periodísticamente por Lydia.
