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Organizaciones piden a senadores y a AMLO que Gobernación no tenga el control de la radio y televisión pública

Cuarenta y dos organizaciones de la sociedad civil, instituciones y 103 intelectuales, periodistas y activistas, solicitaron a la Cámara de Senadores y al Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, echar abajo los cambios aprobados en la Cámara de Diputados en los que se le otorgó a la Secretaría de Gobernación el control de la radio y la televisión pública en México.

El martes 13 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para determinar que la Secretaría de Gobernación será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.

«Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información», señalan los firmantes de una carta enviada a López Obrador y a los senadores.

«La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión», agregan.

«Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen:

«(i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y

«(ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos».

«La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato», consideran.

El siguiente es el «Posicionamiento: Secretaría de Gobernación no debe ser operadora de estaciones de radio o televisión» emitido por las organizaciones y particulares, el lunes 19 de noviembre de 2018:

AL SENADO DE LA REPÚBLICA
AL PRESIDENTE ELECTO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Los recientes cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) determinan que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional (fracción VIII del artículo 27 de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF). Esto representa un grave retroceso en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

La Secretaría de Gobernación (Segob) NO debería tener injerencia en la regulación de los medios de comunicación y mucho menos ser operadora de estaciones de radio o televisión. Los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión establecen: (i) la regulación de los medios debe estar a cargo de autoridades independientes del poder político o económico y (ii) los medios públicos deben estar libres de cualquier interferencia política para cumplir con el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los ciudadanos. La participación de Segob en la regulación de los medios es una de las herencias más lamentables de un pasado antidemocrático y autoritario que debería cambiar de inmediato.

Las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados son radicalmente contrarias a las propuestas y demandas de académicos, expertos y organizaciones de la sociedad civil promotoras y defensoras de la libertad de expresión que han insistido, desde hace décadas, en la necesidad de que los medios públicos no sean medios oficiales. Si la instancia gubernamental diseñada para la política interior tuviera facultades para intervenir en el funcionamiento y operación de los medios de comunicación, la libertad de expresión y la pluralidad estarían en riesgo.

Hace cinco años, en 2013, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y en 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establecieron garantías para que los medios de carácter público (es decir, los medios que se sostienen fundamentalmente con recursos fiscales) tuvieran independencia editorial, autonomía de gestión financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, financiamiento diverso y pluralidad ideológica. Aquella reforma resultó insuficiente entre otros motivos porque la Secretaría de Gobernación mantuvo algunas facultades en materia de contenidos.

Sin embargo, las salvaguardas para los medios públicos fueron un avance en beneficio de la sociedad y a fin de que se consolide una radiodifusión de carácter no comercial. En aquella ocasión en la propia reforma constitucional, y más tarde en una ley específica, fue creado el Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR).

Hoy en día, con las modificaciones que hemos mencionado a la Ley de la Administración Pública, esos logros quedarían cancelados. Esa modificación además implica una ilegal duplicidad de la Segob con las atribuciones constitucionales que tiene el SPR que es el organismo facultado para que el Estado provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional.

Las disposiciones aprobadas por la Cámara de Diputados son contrarias a los estándares internacionales de libertad de expresión y radiodifusión establecidos por la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que es enfática al afirmar “Los medios públicos de comunicación pueden (y deberían) desempeñar una función esencial para asegurar la pluralidad y diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática. Su papel es fundamental a la hora de proveer contenidos no necesariamente comerciales, de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población. Sin embargo, para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesibles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.” El Estado mexicano está comprometido con esos lineamientos.

Dar a la Secretaría de Gobernación el control de los medios públicos contradice ese principio democrático originado en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El retroceso en materia de medios públicos que representa la Minuta no es, lamentablemente, el único que aprobó el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados. Allí, además, se otorgan atribuciones a la Oficina de la Presidencia para “definir las políticas de informática, tecnologías de la información y la comunicación, gobierno digital del gobierno federal, en términos de las disposiciones aplicables” (adición a la fracción I al artículo 8). Esa facultad no está acotada a las políticas exclusivas del gobierno federal, de tal manera que dejan abierta la posibilidad de que se definan así políticas para usuarios y operadores de tecnologías digitales. Esas son facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuya autonomía y atribuciones constitucionales quedarían lesionadas con tal disposición.

Durante muchos años, las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en promover la equidad y la calidad en los medios de comunicación han insistido en la autonomía de los medios públicos. Hoy en día todos los medios públicos en el país deben tener consejos ciudadanos, defensores de las audiencias y recursos suficientes para cumplir con su desempeño. De manera paulatina, esos medios han ganado garantías para tener políticas editoriales que atiendan al interés de los ciudadanos y para no ser instrumentos al servicio de los funcionarios que encabezan las dependencias a las que están adscritos. Hay mucho por hacer para que la sociedad mexicana tenga mejores medios públicos pero, evidentemente, la reforma que los concentraría y subordinaría a la Secretaría de Gobernación va a contracorriente de la democracia y del carácter público de tales medios.

Llamamos a la Cámara de Senadores y al próximo Gobierno Federal para que detengan esa contrarreforma.

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018.

  1. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI)
  2. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Jalisco
  3. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Puebla
  4. Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) Capítulo Oaxaca
  5. Artículo 19
  6. Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, de Sinaloa
  7. Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA)
  8. Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación A.C. (AMIC)
  9. Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC México)
  10. Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional y Diálogo Intercultural
  11. Centro Ciudadano de Derechos Humanos y Acceso a la Información A. C.
  12. Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)
  13. Colectivo de Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión de Mazatlán, Sinaloa
  14. Colegio de Licenciados en Comunicación del Estado de México, A.C.
  15. Comunicación Comunitaria
  16. Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C.
  17. Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc)
  18. Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac
  19. Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
  20. Defensoría de las Audiencias de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV)
  21. Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
  22. Escuela Mexicana para la Participación Ciudadana
  23. Fundar, Centro de Análisis e Investigación
  24. Horizontal
  25. Ibero 90.9
  26. México Evalúa
  27. México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
  28. Nodo de Transparencia de Puebla
  29. Observatorio de las Telecomunicaciones en México (Observatel)
  30. Observatorio Legislativo del ITESO
  31. Observatorio Permanente del Sistema Anticorrupción de Jalisco
  32. Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID)
  33. Plan Estratégico de Juárez AC.
  34. Puebla Vigila
  35. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México
  36. Red por los Derechos de la Infancia (Redim)
  37. Reporteros Sin Fronteras
  38. SIGNIS México – Asociación Católica de Comunicadores Católicos de México
  39. Sindicato de Radio Educación
  40. Tómala
  41. UAM Cuajimalpa
  42. UAM Xochimilco

A título personal:

  1. Sergio Aguayo
  2. Jorge A. Alatorre Flores
  3. Paul Alcantar
  4. Roberto Alonso Muñoz
  5. Alma Rosa Alva de la Selva
  6. Clara Luz Álvarez
  7. Juan Angulo Osorio
  8. Ernesto Aroche
  9. Elvia Arteaga Rodríguez
  10. Irma Ávila Pietrasanta
  11. Alberto Aziz Nassif
  12. Aram Barra
  13. Viétnika Batres
  14. Alberto Bayardo
  15. Deyanira Bedolla Pereda
  16. Juan Bosco Rosillo
  17. Aarón José Caballero Quiroz
  18. Aleida Calleja
  19. Jorge Calles Santillana
  20. Mariana Campos
  21. Jesús Cantú Escalante
  22. Sibely Cañedo
  23. Jaime Cárdenas
  24. Jorge Carrasco Araizaga
  25. Miriam Carrillo Ruiz
  26. Vicente Castellanos Cerda
  27. Noé A. Castillo Alarcón
  28. Felipe Cazals
  29. Cyntia Cerón Hernández
  30. Ricardo Corona
  31. Cuauhtémoc Cruz Isidoro
  32. Francisco Cuamea
  33. José Mario de la Garza
  34. Cecilia Díaz Romo
  35. Soledad Durazo Barceló
  36. Javier Esteinou Madrid
  37. Román Esqueda Atayde
  38. Edgar Esquivel Solís
  39. Gustavo Esteva Figueroa
  40. Fátima Fernández Christlieb
  41. Iñigo Fernández Fernández
  42. Jorge Fernández Ruíz
  43. Alfredo Figueroa
  44. Ana Lidya Flores Marín
  45. Néstor García Canclini
  46. Brenda García Parra
  47. Alejandro García Villasuso
  48. Daniel Giménez Cacho
  49. Leonor Gómez Barreiro
  50. Luis Guillermo Hernández
  51. Rafael G. Hernández García Cano
  52. Bertha Estela Hernández Pinedo
  53. Jorge Alberto Hidalgo Toledo
  54. Clara Jusidman
  55. Juan S. Larrosa Fuentes
  56. Irene Levy
  57. Adrián López
  58. Ma. de Lourdes López Gutiérrez
  59. Mónica Lozano
  60. Ana María Márquez
  61. María Marván Laborde
  62. José Bernardo Masini Aguilera
  63. Iliana Lucía Mendoza Sánchez
  64. Octavio Mercado González
  65. Guillermo Montemayor
  66. Nora A. Morales Zaragoza
  67. María Guadalupe Morfín Otero
  68. Jorge A. Narro Monroy
  69. Ángeles Navarro Rueda
  70. Jorge Fernando Negrete
  71. Marcelo Olivera Villarroel
  72. Guillermo Orozco Gómez
  73. José de Jesús Orozco Hernández
  74. Rosalía Orozco Murillo
  75. Patricia Ortega Ramírez
  76. Roque Osorio
  77. Guillermo Osorno
  78. Alejandro Páez Varela
  79. Magdalena Sofía Paláu Cardona
  80. Juan Pardinas
  81. Juan Martín Pérez
  82. Álvaro Quintero Casillas
  83. José Manuel Ramos Rodríguez
  84. Dina Rochman Bee
  85. José Manuel Rodoreda Artasánchez
  86. Ignacio Rodríguez Reyna
  87. Cristina Romo Gil
  88. Jorge Ruiz Dueñas
  89. Carlos Saldaña Ramírez
  90. María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
  91. Alejandro Sicairos
  92. Beatriz Solís Leree
  93. Gabriel Sosa Plata
  94. Jorge Suárez Coellar
  95. Wilbert Torre
  96. Raúl Torres Maya
  97. David Velasco
  98. Teresa Velázquez
  99. Ernesto Velázquez Briseño
  100. Lilia Vélez Iglesias
  101. Jenaro Villamil
  102. Alejandra Wade Villanueva
  103. Raquel Zapien

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