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Luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado, el exgobernador César Duarte Jáquez es ya un prófugo de la justicia, y para su captura la Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
La Interpol activó el mecanismo y liberó “la ficha roja” para la búsqueda del exgobernador de Chihuahua en 190 países.
La Operación Justicia para Chihuahua lanzada por el gobernador Javier Corral Jurado, arrojó los primeros resultados el lunes 27 y martes 28 de marzo, con la detención de tres exfuncionarios del primer círculo duartista, también acusados de peculado, por la distracción de recursos públicos estatales.
Se trata de Javier Garfio Pacheco, exalcalde de Chihuahua y exdirector de Comunicaciones y Obras Públicas; Gerardo Villegas, exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda y Ricardo Yáñez Herrera, exdirector general de Educación, Cultura y Deporte.
Los tres fueron capturados por la Fiscalía General del Estado, en atención a órdenes de aprehensión giradas por distintos jueces. Un cuarto implicado, el exdirector de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda, Antonio Enrique Tarín, evitó la detención, primero refugiándose en el Palacio Legislativo de San Lázaro (donde pretendió tomar protesta como diputado federal, ya que es suplente del fallecido Carlos Hermosillo) y luego por medio de un amparo.
“Estamos, apenas, en el inicio de un proceso y de una estrategia jurídica en la que vamos por toda la red de corrupción política que se tejió durante la pasada administración, exfuncionarios y particulares que fueron parte de un diseño de delincuencia organizada para el enriquecimiento personal, por supuesto encabezada por el exgobernador César Duarte”, dijo Javier Corral al anunciar la operación.
El mandatario estatal indicó que se busca el castigo a los responsables del latrocinio durante la pasada administración y el resarcimiento a los chihuahuenses del patrimonio saqueado.
Explicó que la Fiscalía General del Estado ha realizado un trabajo profesional y pesquisas para poder acreditar ante los jueces, cómo el exgobernador y sus cómplices, unidos en un grupo compacto bajo el reparto de funciones específicas y un concierto previo, hicieron uso del poder para beneficio personal.
En el lanzamiento de la Operación Justicia para Chihuahua, Corral informó que César Horacio Duarte Jáquez, huyó a la ciudad de El Paso, Texas, para evitar su captura, incumpliendo así su palabra empeñada de hacer frente a los señalamientos de corrupción que profusamente se le han venido haciendo a él y su equipo de colaboradores.
Anunció entonces que iniciaría las gestiones para pedir su detención en los Estados Unidos con fines de extradición. “Hacemos votos –dijo el gobernador– para que sea expulsado bajo la cláusula de repatriación por pernicioso e indeseable de aquel país”.
El viernes 31 el gobernador señaló que la captura de Duarte Jáquez, por la PGR o la Interpol, es inminente.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta que ha tenido la Interpol y estamos absolutamente convencidos de que la cooperación vendrá y que pronto tendremos al ex gobernador ante los tribunales, para que responda de las acusaciones que le ha enderezado el ministerio público”, expresó.
Después de la detención el lunes 27, la Fiscalía General del Estado logró el viernes 3 que un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictara la vinculación a proceso del imputado Javier Alfonso Garfio Pacheco por el delito de peculado.
Demostró que en su calidad de titular de Obras Públicas en la pasada Administración participó en la distracción de recursos públicos por la cantidad de 328 millones de pesos.
Ante el juez, la autoridad ministerial acusadora, expuso la imputación basada en la carpeta de investigación iniciada el 14 de diciembre del 2016, en la que se denunció la forma que en se cometió el delito en coautoría con otros ex funcionarios estatales.
Se trató de la venta de 190 hectáreas ubicadas en La Labor de Terrazas, destinadas para la construcción de viviendas populares, a una empresa particular, en una cantidad muy inferior al valor comercial.
En la audiencia de vinculación a proceso, el Ministerio Público reseñó que el 12 de septiembre de 2012, en la sesión de la Junta de Gobierno de Consejo Estatal de Vivienda Suelo e Infraestructura (Coesvi) en la que participó Garfio aprobaron en el acuerdo 004/2012 vender el citado inmueble al Grupo Industrial y Constructora S.A. de C.V.
“Siendo la manera como distrajeron los terrenos de su destino, que no podía ser otro que la construcción de viviendas populares, al haber autorizado la venta de 190 hectáreas, por la cantidad de 99 millones 141 mil 026, cuando el valor comercial era de 427 millones 840 mil 691, con un valor catastral de 114 millones 687 mil 831.33”, explicó la representación social.
Concluida la audiencia en la que el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones.
La autoridad judicial mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta a Garfio, por un período de ocho meses, mientras se lleva a cabo la investigación.
Yáñez y Villegas desaparecieron 246 mdp en Educación
El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, informó que a su llegada a la dependencia, se detectaron disposiciones irregulares de recursos por un monto de 246 millones de pesos, por lo cual se presentaron las denuncias y en base al proceso legal correspondiente, se logró la detención del ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez y del exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas.
“Apegados a los principios de transparencia, legalidad y uso adecuado de los recursos públicos, analizamos los expedientes, revisamos las cuentas, verificamos las facturas y encontramos disposiciones que en total suman 246 millones de pesos”, expresó el funcionario.
Expuso que de acuerdo a la Causa Penal 780/2017, entre febrero y abril de 2016, Ricardo Yáñez Herrera, dio el visto bueno, avaló y firmó la simulación de cuatro procesos administrativos ficticios para pagar facturas en la Secretaría de Educación por servicios que nunca se realizaron.
Los movimientos irregulares detectados son: un contrato para la aplicación de talleres para padres de familia por 55 millones de pesos a la empresa Servicios Accesorios Samex S. A. de C. V.
Se firmó otro contrato para la capacitación de docentes de nivel básico por 55 millones para la empresa Servicios y Accesorios Cimax, S. A. de C. V.
Un contrato más fue relacionado con temas ambientales por 46 millones de pesos, que beneficiaron a la empresa Servicios y Accesorios Cisas, S. A. de C. V.
El cuarto convenio fue para el diseño e implementación de software por 90 millones de pesos, que fueron pagados en el despacho Profesionistas Futura S.A. de C. V.
En ningún caso se encontró algún acreditable de los servicios o productos pagados y en el caso de los 90 millones de pesos por un software, simplemente se encontró en los archivos un folder con un documento señalando que se había pagado por ese contrato.
Fuente: Cambio 16 Chihuahua
Texto: Javier Arroyo
