lunes , 6 diciembre 2021
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Una investigación independiente demuestra que Regina Martínez fue asesinada por su labor periodística. La coalición @SaferTruth pide al Gobierno federal reabrir el caso

Una coalición de organizaciones internacionales que defienden la libertad de prensa solicitó al Gobierno federal la reapertura del caso de la periodista Regina Martínez, asesinada en Veracruz en 2012, por considerar que la reportera de Proceso fue victimada en represalia por su labor periodística.

El asesinato de la periodista Regina Martínez fue cometido por “un asunto político” y “existen fuertes indicios de obstrucción a la justicia de las autoridades locales”, además de “serias irregularidades en la investigación”, de acuerdo con los resultados de un informe presentado hoy.

El informe “El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia”, fue presentado de manera virtual por la cualición “A Safer World For The Truth”, una iniciativa de la Free Press Unlimited (FPU), donde participan Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El director de la Free Press Unlimited, Leon Willems, solicitó que, para “romper el ciclo de impunidad, las autoridades mexicanas deben intensificar sus esfuerzos para garantizar justicia a Regina Martínez”.

El principal sospechoso del asesinato “fue condenado sobre la base de una confesión obtenida bajo tortura”, según el informe, que además ofrece diversas declaraciones “de testigos que refutan de forma sustancial la teoría oficial del asesinato”.

“El informe encuentra indicios de que Martínez fue asesinada por una publicación específica relacionada con un asunto político”, indicó.

La investigación de ese asesinato, ocurrido hace nueve años, “se vio comprometida” desde la esfera del gobierno estatal, por lo que se encontraron “fuertes indicios de obstrucción de la justicia por parte de los investigadores que actúan bajo la autoridad del fiscal general del estado de Veracruz”.

Las organizaciones solicitaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) a ejercer su jurisdicción en el caso de Regina Martínez con el fin de avanzar en la investigación.

Por su parte, el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, Joel Simon, pidió a las autoridades mexicanas “hacer todo lo posible para abordar la impunidad”.

El secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, dijo que el caso de la periodista “debe resolverse y hacerse justicia”.

Regina fue asesinada en el punto álgido de las tensiones en Veracruz en un contexto de intensificación de los ataques contra los periodistas. El 28 de abril de 2012 la hallaron estrangulada en el baño de su domicilio. Su brutal asesinato motivó una ola de indignación y los periodistas y las organizaciones en defensa de la libertad de prensa instaron al Gobernador de Veracruz a investigar el asesinato y a llevar a los autores ante la justicia.

Seis meses después, la policía efectuó un arresto en relación con el caso y entre octubre de 2012 y octubre de 2014 tuvo lugar el juicio, que supuso la condena de Jorge Antonio Hernández Silva, uno de los dos sospechosos del asesinato.

Aunque el Gobernador lo consideró un éxito, la investigación policial fue muy criticada entre diversos expertos y observadores, que señalaron considerables anomalías en la investigación oficia.

De acuerdo con el informe, la condena del principal sospechoso del asesinato, Jorge Antonio Hernández Silva, se basa en una confesión
que se obtuvo en circunstancias muy cuestionables.

«Durante nuestra investigación, el sospechoso declaró que fue detenido ilegalmente un mes antes de realizar la confesión y recibió instrucciones específicas de la policía con respecto al contenido de esta. Asimismo, declara que fue torturado para que diese su confesión oficial», señala el documento.

De acuerdo con el informe:

«La investigación también plantea serias dudas sobre la precisión y fiabilidad de la declaración de un testigo ocular, Diego Hernández Villa, que fue fundamental para articular la acusación de la fiscalía contra el sospechoso condenado. La acusación de la fiscalía se basa en parte en dicha declaración, que afirma que la noche del asesinato, Regina Martínez Pérez compró cerveza en la tienda de Rosa María Balderas Espíndola.

«Nuestro equipo de investigación descubrió este testigo ocular había fallecido. Además, en una entrevista, Rosa María Balderas Espíndola declaró que Regina no había acudido a su tienda la noche del asesinato y que Regina solo bebía una marca de cerveza que ella no vendía».

El informe concluye que la investigación del asesinato de Regina Martínez Pérez se vio comprometida a nivel estatal y que hay claros indicios de obstrucción a la justicia por parte de los inspectores de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

En una reciente conferencia de prensa el 17 de noviembre de 2020, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a reactivar el caso.

Agradecemos este renovado interés en el caso y realizamos las siguientes recomendaciones:

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE):

  1. Para descubrir la verdad en relación con el asesinato de Regina Martínez y obtener justicia, la FEADLE debe imponer su jurisdicción sobre el caso. La FEADLE puede asumir el caso debido a que el asesinato de Regina Martínez Pérez constituye un grave crimen que ha tenido un impacto considerable en el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que tuvo lugar en un estado en el que las condiciones para el ejercicio de dichos derechos eran adversas.
  2. Durante su investigación, la FEADLE debe investigar de manera eficaz y exhaustiva el trabajo de Regina como motivación de su asesinato. Esta investigación debe incluir la relación entre el asesinato de Regina y sus trabajos periodísticos publicados y en curso en el periodo previo a su asesinato. En concreto, la investigación debe incluir la relación entre el asesinato y la historia de Dos Regresos Peligrosos. Además, la FEADLE debe agotar todas las líneas de investigación de acuerdo con sus propios protocolos internos y explorar la posible relación entre el asesinato y los grupos del crimen organizado y los funcionarios públicos.
  3. Durante su investigación, la FEADLE debe revisar exhaustivamente todos los errores encontrados en el proceso realizado a nivel estatal. Al hacerlo, la FEADLE debe explorar cualquier complicidad entre los
    autores del asesinato y los inspectores estatales.
  4. Durante su investigación, la FEADLE debe garantizar de manera efectiva la protección de los testigos a través de los procedimientos existentes. La probable obstrucción a la justicia de los inspectores estatales y las acusaciones de tortura ponen de relieve la urgencia de la protección de los testigos.

    A la Fiscalía General de la República (FGR):
  5. La Fiscalía General debe investigar la posibilidad de la desaparición forzada del segundo sospechoso oficial sin tardanza. Este sospechoso oficial del asesinato, José Adrián Hernández Domínguez (El Jarocho),
    sigue fugado. Es probable que posea información fundamental sobre el asesinato. Teniendo en cuenta que la investigación a nivel estatal se vio comprometida, hay motivos para cuestionar su estatus oficial
    como fugitivo. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas habilita a la Fiscalía General procesar de oficio presuntos casos de desapariciones forzadas y permite la coordinación de una investigación sin la
    participación de terceros (artículo 13).

    Al Gobierno mexicano:
  6. El Gobierno de México debe comprometerse a proporcionar a la FEADLE los recursos económicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo su misión. A Safer World for the Truth agradece la ampliación de la autoridad de la FEADLE de la última década como un compromiso para acabar con la impunidad. Sin embargo, la FEADLE debe contar con recursos suficientes para poder llevar a cabo sus investigaciones de forma eficaz.

    A la comunidad internacional:
  1. La comunidad internacional debe supervisar los avances en la investigación del asesinato de Regina Martínez e incluir el caso en los ciclos de seguimiento de los derechos humanos en México. Cuando lo soliciten las autoridades mexicanas, deben facilitarse los recursos y conocimientos necesarios para ayudar a resolver el asesinato.

El documento completo en inglés puede consultarse aquí:

The murder of Regina Martínez Pérez: An opportunity for justice

Un resumen ejecutivo en español puede consultarse aquí:

El asesinato de Regina Martínez Pérez: una oportunidad para la justicia

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