viernes , 9 diciembre 2022
Home » Corrupción » El jardín de Las Acequias

El jardín de Las Acequias

Un comandante y tres oficiales de la Policía Judicial de Chihuahua están prófugos: son  acusados de secuestrar, torturar y “ejecutar” a 12 personas por instrucciones del crimen organizado. Las enterraron en el jardín de una casa de interés social en pleno centro geográfico de Ciudad Juárez, a un par de kilómetros del sitio donde fueron hallados ocho cadáveres de mujer en noviembre de 2001. ¿Sólo es una coincidencia?

POR JOSÉ PÉREZ-ESPINO

EN EL VERANO DE 2002, Juan Ernesto Chávez Ocampo aseaba su casa en un fraccionamiento de clase media en Ciudad Juárez, cuando una mujer de unos 30 años se acercó a preguntarle si rentaba la vivienda. De tez blanca, estatura mediana, y entonces de cabello rojizo, la mujer ofreció cinco mil pesos en vez de los 450 dólares mensuales de arrendamiento.

Se trataba de una vivienda de interés social: tres recámaras y dos plantas construidas sobre una superficie de 290 metros cuadrados. Ubicado en el centro geográfico de la ciudad, en la Zona Dorada a un lado del Parque Central –de diversiones–, atrás de hoteles de cinco estrellas, el inmueble se encontraba en una de las zonas de más alta plusvalía.

La mujer pagó puntualmente por casi año y medio, por lo que Chávez Ocampo se despreocupó de la falta de fiador. Un día, ella le avisó que dejaría la vivienda en noviembre, pero después le avisó de nuevo que permanecería más tiempo. 

El jueves 15 de enero de 2004 la mujer lo citó para pagarle otro mes. Es la última vez que él vio a Erika Mayorga Díaz, su inquilina, de acuerdo con su testimonio ante las autoridades. Nunca supo el nombre del esposo ni el del hijo de ambos, sólo que el marido “vendía carros”.

El mismo jueves 15, en El Paso, Texas, un agente del Departamento del Sheriff detenía a Humberto Santillán Tabares por una infracción vial. Las autoridades descubrieron que había una orden de arresto en su contra: apenas en diciembre un Gran Jurado lo había culpado de cuatro cargos federales por conspiración, posesión e internación, con intento de distribución, de más de cinco kilos de cocaína en Estados Unidos.

El viernes 23 de enero, Juan Ernesto Chávez Ocampo recibió la llamada de un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), quien le solicitó presentarse a la casa que había rentado a Erika Mayorga, ubicada en Acequia Parcioneros número 3633 del Fraccionamiento Las Acequias. Cuando llegó a lugar, había decenas de agentes policiacos y periodistas.

—¿Usted sabe qué estaban haciendo en su casa? –le preguntó un comandante de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

—La verdad no, yo nada más venía a cobrar la renta y no me fijaba en lo que hacían –respondió.

En su relato a Sandra Rodríguez Nieto, de El Diario de Juárez, Chávez Ocampo recuerda además que los agentes federales le pidieron no hacer comentarios a los reporteros.

Ese día, a las 10:30 horas, se había iniciado el allanamiento de su casa por agentes y peritos de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada (SIEDO).

Tenían una orden de cateo. La televisión transmitía en vivo las imágenes en las que se observaba a agentes federales, estatales y municipales, así como peritos de blanco, vehículos oficiales, perros y agentes del FBI.

Las cámaras lograron captar las operaciones de un minitrascabo aflojando la tierra en el patio de la vivienda: los peritos buscaban víctimas del crimen organizado.

Esta vez la PGR actuaba con cierta discreción, a diferencia del operativo iniciado el 30 de noviembre de 1999 en el rancho “La Campana”. Aquél día, más de 500 elementos, entre agentes de la PGR, militares y un grupo especial del FBI conformado por peritos y antropólogos forenses, iniciaron excavaciones en el predio ubicado en el kilómetro 27 de la carretera Juárez-Casas Grandes. Entonces se “filtró” a los medios la versión de que buscaban más de 200 cadáveres enterrados ahí por integrantes del Cártel de Juárez.

En “La Campana” exhumaron seis cuerpos. Otros tres cadáveres serían encontrados ahí cerca, en la colonia “Granjas Santa Elena” y, así como en granja “Santa Rosalía”, en el municipio de Ascensión.

Pero en esta ocasión se sabía apenas lo que los reporteros observaban: excavaciones en el interior de la vivienda, entrada y salida de peritos y agentes…

El sábado 24 a las 01:50 horas fue sacado el primer cadáver, el segundo a las 05:30 y el tercero a las 16:10 horas. La primera víctima se localizó a un metro de profundidad y la segunda abajo de la anterior.

Para el lunes 26 se habían exhumado 11 cuerpos. El jueves 29 fue encontrado un cadáver más: 12 en total. Y se anunció que habría excavaciones en 12 casas más.

No ha resultado extraño que la mayoría de los homicidios atribuidos al crimen organizado permanezcan impunes, ni que se ignoren los nombres de los presuntos responsables. Por eso las noticias posteriores causaron asombro entre los juarenses.

¿Licencia para matar?

El miércoles 28, el Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, ofreció una conferencia de prensa en Ciudad Juárez en la que exhibió la participación de un comandante y tres agentes de la Policía Judicial del Estado en las ejecuciones e inhumaciones clandestinas.

El funcionario declaró que la noche del 27 de enero la AFI localizó y detuvo al matrimonio formado por Alejandro García Cárdenas y Erika Mayorga Díaz, así como al hijo de ambos, Alejandro García Mayorga, quienes de inmediato fueron trasladados a la Ciudad de México para que rindieran su declaración ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la SIEDO. 

Santiago Vasconcelos dijo que Alejandro García Cárdenas confesó haber participado “desde enero de 2003 en la ejecución de por lo menos 11 personas, bajo la dirección de Humberto Santillán Tabares y de un comandante de la Policía Judicial del estado de Chihuahua”.

“El indiciado reconoció que todavía no se han localizado todos los cadáveres y el motivo de su confesión obedece a que prefiere ir a la cárcel que al panteón –según sus propia declaración–, porque tiene conocimiento de que la organización lo está buscando para matarlo”, de acuerdo con un comunicado emitido por la dependencia federal. 

En tanto, Alejandro García Mayorga participó en la excavación de las fosas y la inhumación clandestina de los cadáveres, según el documento. Erika Mayorga Díaz era quien alquiló la vivienda del Fraccionamiento Las Acequias a Juan Ernesto Chávez Ocampo.

Sobre los agentes policiacos involucrados, dijo Santiago Vasconcelos:

“Esto es muy grave, pues nos acusa una descomposición extrema de las fuerzas de policía, descomposición extrema de las fuerzas encargadas de aplicar la ley, que en vez de vigilar y de garantizar la seguridad de la población están trabajando abiertamente en complicidad con organizaciones criminales del narcotráfico. Esto es gravísimo. No lo vamos a tolerar y lo vamos a combatir a fondo”.

En la conferencia de prensa informó que solicitó al Procurador General de Justicia del Estado de Chihuahua, Jesús José Solís Silva, en términos del Artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Penales, “nos presente al personal de la Policía Judicial del Estado que está siendo investigado y que ha resultado involucrado en los hechos, conforme a las declaraciones que hemos obtenido, por lo que esperamos en breve tener detenciones de esos desleales y delincuentes elementos de la Policía Judicial Estatal que están involucrados directamente en estos homicidios”. 

El informe de José Luis Santiago Vasconcelos avivó la crisis de credibilidad por la que atraviesa la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua.

Horas más tarde, por la noche, 13 agentes de la Policía Judicial del Estado fueron trasladados en dos aviones a la ciudad de México y puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Posteriormente se les dictó un arraigo por 90 días en tanto se investiga su probable colaboración en la inhumación clandestina de cuerpos y en los homicidios.

Al día siguiente, el procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, informó en la capital del país que se giraron órdenes de aprehensión en contra de un comandante y tres agentes de la Judicial del Estado, pero no citó el nombre de los indiciados.

En Ciudad Juárez, el subprocurador de Justicia del Estado, Óscar Valadez Reyes, le puso nombre y apellido a los prófugos: dijo que el comandante del turno de noche, Miguel Ángel Loya Gallegos, y los oficiales Álvaro Valdez Rivas, Lorenzo Ramírez Yáñez y Erick Cano Aguilera, dejaron de asistir a la corporación estatal desde el viernes 23, cuando iniciaron las excavaciones en Las Acequias.

Se trataba del comandante y los tres oficiales que son señalados por la PGR de “levantar”, torturar, asesinar e inhumar clandestinamente a las 12 personas localizadas en el jardín de una casa del Fraccionamiento Las Acequias, presuntamente por órdenes del Cártel de Juárez. 

“¿Prietitos en el arroz?”

En una conferencia de prensa realizada el jueves 29, en la ciudad de Chihuahua, el procurador de Justicia del Estado de Chihuahua, Jesús José Solís Silva, no tuvo más remedio que aceptar lo que públicamente ya era inocultable: que el narcotráfico “infiltró” a la Policía Judicial del Estado.

Solís Silva calificó de “lamentable y bochornoso” el caso de las “narcotumbas”, pero lo minimizó al considerar que “nunca faltan prietitos en el arroz”.

“No permitiremos que por unas cuantas manzanas podridas se afecte a toda la corporación. El narcotráfico ha infiltrado a muchas corporaciones en el país y nosotros no somos la excepción”, afirmó.

Pero la investigación federal no demostraba simples “prietitos en el arroz”.

El subtitular de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos reveló el viernes 30 que el comandante de la Policía Judicial del Estado, Miguel Ángel Loya Gallegos, era el segundo en el nivel de mando de la célula del Cártel de Juárez que opera en la frontera.

“(Humberto) Santillán Tabares, el nivel que tenía era precisamente el de líder de la organización de Vicente Carrillo aquí en Ciudad Juárez y el segundo, dentro de esa estructura era (Miguel Ángel) Loya”, dijo. Santillán Tabares actualmente es procesado en El Paso, Texas bajo cargos de narcotráfico.

El golpe a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua era contundente.

Las víctimas

Los médicos legistas determinaron que las 12 víctimas encontradas en el jardín de Las Acequias fueron asesinadas en un lapso de 10 días a seis meses antes de que sus cadáveres fueran localizados, según los informes de la PGR.

Todos fueron desnudados y bañados en cal líquida con un rodillo, con el fin de evitar olores fétidos. Según el resultado de las necropsias, fueron torturados con crueldad. La mayoría recibió azotes con un cinto.

Once víctimas murieron al ser estranguladas y sufrir fracturas en los huesos del cuello, mientras que una falleció de asfixia por sofocamiento, pues le bloquearon las vías respiratorias con cinta adhesiva.

De acuerdo con el resultado de las autopsias, nueve víctimas fueron estranguladas con una soga, con una especie de torniquete. Las marcas en el cuello eran evidentes.

Otras dos personas fueron estranguladas con las manos: los dedos quedaron marcados en su cuello. Dos de los asesinados recibieron balazos en la cabeza cuando ya estaban muertos.

Ya muertas, las víctimas eran guardadas en hielo para posteriormente ser enterradas en grupos de dos o tres, según los informes que han trascendido.

Hasta la fecha, las autoridades habían identificado ocho cuerpos, aunque aún faltan los resultados de los exámenes de ADN.

Se trata de Juan Carlos Pérez Gómez, de 28 años de edad; Luis Enrique Padilla Cardona, de 27; y Omar Cepeda Sáenz, quienes fueron vistos por  el pasado 14 de enero de una vivienda ubicada por el rumbo del Solar de la Paloma.

También: Néstor Edmundo Padilla García, de 28 años, y Jesús Cabral Urías, de 27, quienes fueron vistos por última vez el 30 de noviembre de 2003 cuando salieron de la casa de Padilla García a bordo de un vehículo.

Igualmente se ha identificado a Ramiro Ortiz Acosta y Óscar Epigmeneo Rodríguez Arzola. 

El último cuerpo en ser exhumado corresponde a Fernando Reyes Aguado, abogado de 46 años de edad, originario de Durango, con más de seis años de residir en Juárez. Su cadáver se localizó el 29 de enero, pero tenía entre cuatro y seis meses de haber fallecido. Según los informes de la PGR, fue el primero en ser asesinado e inhumado clandestinamente.

Los arraigados

Además de Alejandro García Cárdenas y Erika Mayorga Díaz, así como el hijo de ambos, Alejandro García Mayorga, se encuentran bajo arraigo en la Ciudad de México 13 oficiales de la Policía Judicial del Estado:

Francisco Javier Moreno Avalos, Jesús Lorenzo Herrera Romo, Aníbal Aldana Portugal, Óscar Javier Cano Ortega, Arturo Valdez Alcántar, Antonio Barragán Ávila, Arturo Jaime Morales y David Miranda Ramírez.

Así como Ricardo Parada Palma, Ramón Alberto Sánchez Medina, Simón López Ruiz, Eduardo López Amaya y Martín Fernando Moreno Ozaeta.

Los agentes estaban asignados al turno de noche, bajo el mando del comandante Miguel Ángel Loya Gallegos.

Según el subprocurador de Investigaciones Especiales contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, existen elementos suficientes que lo hacen presumir la participación de los agentes estatales en las ejecuciones.

Los prófugos

Según la PGR, existen órdenes de aprehensión en contra del jefe de grupo del turno de noche, Miguel Ángel Loya Gallegos, y los oficiales Álvaro Valdez Rivas, Lorenzo Ramírez Yáñez y Erick Cano Aguilera.

Miguel Angel Loya Gallegos fue jefe de Grupo de las Células Mixtas y jefe del Grupo de Robos a Casas Habitación de la Policía Judicial del Estado en Juárez. En diciembre de 2000 fue designado comandante del turno nocturno, de acuerdo con los informes de prensa de la época.

Las Células Mixtas fueron desaparecidas a mediados del mes de junio de 2000 después del retiro de los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Participaban agentes de los tres niveles de gobierno y su misión era realizar recorridos de sobrevigilancia en la ciudad para evitar hechos de sangre, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, dar cumplimiento a órdenes de aprehensión e inhibir actividades de narcotráfico.

El Diario de Juárez publicó el 10 de noviembre de 1999 que el agente de la PJE, Lorenzo Ramírez Yáñez, junto con los agentes Ricardo Hernández Hernández, Ignacio Arturo Molina Soto y Humberto Rangel Soto (los dos últimos de la Policía Municipal), fueron detenidos por los delitos de abuso de autoridad y robo, por lo que permanecieron unas horas en el Centro de Readaptación Social para Adultos hasta que el juez Octavo de lo Penal, Armando Jiménez Santoyo, ordenó su libertad al no acreditarse los delitos en su contra.

La denuncia en su contra fue presentada por Juan Carlos Alba Varela, jefe administrativo de la Estación Delicias de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ante la Contraloría de Asuntos Internos de la Procuraduría estatal. Los acusó allanamiento de morada y de haberle robado dinero.

El 10 de julio de 2000, Norte de Ciudad Juárez intituló una nota informativa publicada en la página 6-B: “Protegen jefes a narcojudicial”.

En la nota se leía: 

“Jesús Ibarra Sandoval, agente de la PJE que fue detenido por autoridades norteamericanas cuando intentaba cruzar un cargamento de mariguana, tenía dos años en la corporación”.

“Antes de ser detenido participó como segundo del jefe de Grupo de las Células Mixtas, Miguel Ángel Loya, quien recientemente fue nombrado jefe del Grupo de Robos a Casas Habitación”.

En la nota se atribuía a Loya la protección de Ibarra Sandoval, e incluso que se había ocultado el informe de su arresto en El Paso, Texas.

El 5 de diciembre de 1990, al informar del cese de 25 elementos de la Policía Judicial Federal destacamentados en la entidad –tras la renuncia del comandante Elías Ramírez Ruiz–, El Heraldo de Chihuahua publicó, citando las declaraciones del entonces delegado de circuito de la PGR, Ricardo Zamora Apam:

“Vicente González García, quien en un tiempo fungió como primer comandante de la judiestatal, renunció a la Procuraduría de Justicia en el Estado, una vez que su licencia fue vencida, por tanto «era ex agente» de la corporación”.

“Así mismo, al plantearse la posibilidad de que el comandante González fuera reincorporado a su puesto en la Judicial del Estado, Raúl Ramírez (entonces director de la PJE) se pronunció en contra de su regreso a la corporación: “por mí que ni regrese, yo no lo quiero aquí” indicó, sin embargo dejó a consideración del procurador de Justicia esta decisión.

“Por su parte –según El Heraldo de Chihuahua–, Miller Hermosillo dijo que «si el jefe policiaco no lo quiere allí, pues no hay más que hablar» y reiteró que una vez aclarado que González no tenía ya licencia de la PJE no regresará a la corporación”.

Además de la destitución de Vicente González García como Segundo Comandante Regional de la PJF y de Luis Fernando Orozco, Secretario Particular de González, fue cesado, Mario Raúl Ochoa Rodríguez, quien fungía como comandante de la PJF en Ojinaga.

Cuando Patricio Martínez García asumió la gubernatura de Chihuahua en octubre de 1998, designó a Jesús José Solís Silva como procurador de Justicia del Estado. Éste a su vez nombró a Vicente González García coordinador de la Policía Judicial del Estado.

González García desingó por su parte a Mario Raúl Ochoa Rodríguez primer comandante de la PJE en la Zona Norte que abarca 13 municipios, desde Nuevo Casas Grandes, Juárez y Praxedis G. Guerrero.

Ochoa Rodríguez era el jefe directo de Miguel Ángel Loya Gallegos, actualmente prófugo de la justicia.

Una semana después de las acusaciones en contra de su subalterno, Ochoa Rodríguez fue simplemente reubicado de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua.

“Hasta que el señor gobernador indique”

El martes 3 de febrero, la Procuraduría General de Justicia en el Estado anunció una recompensa de 100 mil pesos a quien proporcione información que ayude a localizar y detener al ex comandante Miguel Ángel Loya Gallegos y tres de sus agentes.

Se inició una campaña de difusión de las fotografías de Loya y su grupo, integrado por Álvaro Valdez Rivas, Erick Cano Aguilar y Lorenzo Ramírez Yáñez.

También se anunció el nombramiento de un fiscal de Asuntos Internos para la Zona Norte, queien se encargará de “evaluar” el desempeño de los elementos de la Policía Judicial en Ciudad Juárez, no obstante la existencia de una oficina de Asuntos Internos que opera de manera permanente.

El nuevo fiscal es Rafael Nava Córdoba, un abogado de 24 años, licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Norte, quien se desempeñó como subjefe del departamento de Averiguaciones Previas y agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc.

El anuncio lo realizó el secretario de Gobierno del Eastado, Sergio Martínez Garza, quien informó además sobre la presentación de una iniciativa de para solicitar que se apliquen sentencias de hasta 70 años a los policías que se involucren con el crimen organizado.

En una conferencia de prensa, informó de la realización de exámenes antidoping a los agentes de la PJE y la rotación de los jefes policiacos.

Los anuncios no fueron bien recibidos entre la sociedad organizada.

En un editorial de primera plana, publicado el martes 3 de febrero en sus ediciones de Juárez y Chihuahua, El Diario, el periódico más influyente de la entidad, solicitó la renuncia del procurador Jesús José Solís Silva.

En el editorial, intitulado “Procurador, frente a una renuncia obligada”, se publicó:

“La gravedad de los hechos registrados en Juárez, donde un numeroso grupo de agentes de la Policía Judicial del Estado operaba como brazo ejecutor del crimen organizado, obliga a una decisión más drástica que la necesaria –aunque tardía– serie de medidas correctivas anunciada ayer por el gobierno estatal”.

“Al menos por vergüenza y ética profesional, el fiscal del Estado debe dejar su cargo y disponerse a que la Procuraduría General de la República emprenda una investigación a fondo hacia el interior de la corporación estatal para deslindar responsabilidades.

“Porque para acallar el enojo y la inconformidad de los diversos sectores de la sociedad, que se preguntan sin hallar respuesta hasta dónde se extenderá este cáncer de la corrupción policiaca en las filas de la PJE, no basta con las acciones publicitadas ayer por el secretario general de Gobierno, en una rueda de prensa en la que ni siquiera se dejó ver el procurador Solís.

“Que se cree una fiscalía de asuntos internos en la zona norte; que se apliquen exámenes antidoping a los agentes; que se refuercen las acciones para hallar a los policías prófugos; que se roten los comandantes de la corporación; y que se presente una iniciativa de ley ante el Congreso del Estado para recrudecer las penas contra los agentes involucrados en el narcotráfico, son medidas preventivas que se debieron de haber adoptado desde tiempo atrás, pero no son suficientes para silenciar la responsabilidad que el procurador y sus mandos han tenido en estos acontecimientos”.

Las voces que solicitan la renuncia o destitución del procurador se han sumado día tras día, desde representantes de organismos de la iniciativa privada como legisladores y partidos políticos de oposición.

Solís Silva respondió así:

“Hace mucho que están pidiendo mi destitución, y yo como usted me ve, estoy trabajando y estamos colaborando en todo lo que se nos ha pedido, y así seguiremos hasta que el señor gobernador nos lo indique”, publicó Armando Rodríguez en El Diario.

Obviamente, “el señor gobernador” no se lo ha indicado.

Antecedentes

No es la primera vez que agentes y jefes de la Policía Judicial del Estado se ven involucrados en casos de homicidio.

El primer comandante de la Policía Judicial del Estado en Juárez, Ricardo Alejandro Castro Valles y seis agentes de la corporación, fueron acusados de perseguir y asesinar a tiros al abogado Mario César Escobedo Anaya, de 29 años, defensor de uno de los presuntos asesinos de 8 mujeres en Ciudad Juárez, cuyos cadáveres fueron hallados en noviembre de 2001 en un campo algodonero.

Sin embargo, la Juez Carmen Alicia Verdugo los exoneró de cualquier cargo, después de que los agentes alegaron defensa propia.

El 19 de mayo del 2003, el agente del Grupo Antisecuestros de la PJE, Martín Valenzuela, fue acusado de comandar una banda que secuestró al niño Ricardo Aquino, de 9 años, quien fue degollado y su cuerpo abandonado en un predio utilizado como basurero.

El agente antisecuestros fue arrestado y en el proceso penal que se le sigue ha declarado que es inocente de los cargos formulados en su contra.

***

En una entrevista publicada por El Diario, Juan Ernesto Chávez Ocampo, declaró que él ignoraba lo que sucedía en la casa que arrendó a Erika Mayorga Díaz.

—¿Qué sintió cuando supo lo que habían descubierto en su casa? —la preguntó la reportera Sandra Rodríguez.

— De la fregada. Imagínese ver mi casa como está, toda destruida. Le rompieron las ventanas de atrás, le quitaron la alfombra, la cocina está hecha un desastre. Botes de cerveza por todos lados.

El Fraccionamiento Las Acequias, donde fueron inhumados clandestinamente los 12 asesinados se encuentra a un par de kilómetros del campo algodonero donde, en noviembre de 2001, se hallaron ocho cadáveres de mujer, en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional. ¿Sólo es una coincidencia?

(Lunes 16 de febrero de 2004).

Tal vez te interese...

Gerardo Villegas Madriles, cómplice de César Duarte, enfrenta 5 causas penales por corrupción. Está bajo arraigo

Gerardo Villegas Madriles, quien enfrenta cinco causas penales por delitos de corrupción cometidos en el gobierno de César Duarte Jáquez, enfrentará los procesos penales bajo arraigo domiciliario y con brazalete, después de permanecer cinco años en prisión.

Powered by themekiller.com