viernes , 29 marzo 2024
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Condenan a 72 años de prisión al asesino del activista indígena Julián Carrillo y su hijo

Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia condenatoria de 72 años de prisión en contra de José Feliciano Q.M. por el asesinato del activista y líder indígena Julián Carrillo y su hijo Víctor.

El perpetrador victimó a ambos indígenas en condiciones diferentes de modo, tiempo y lugar, sin embargo, con relación de descendencia entre sí.

El Tribunal dictó 24 años de cárcel por el asesinato de Julián Carrillo y 24 por el de Víctor, aunque la individualización de pena es acumulada por los dos homicidios.

Se trata de uno de los procesos penales más observados por asociaciones y organismos derechohumanistas tanto nacionales como internacionales.

El activista y entonces Presidente de Bienes Comunales, Julián Carrillo Martínez, fue privado de la vida a finales del 2018, en la localidad de Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde habitó y ejerció su defensa históricamente hasta el momento de su muerte.

El 6 de marzo, luego de poco más de un mes de desahogo de pruebas, la Fiscalía de Derechos Humanos de Chihuahua obtuvo un fallo condenatorio en contra de Feliciano Q. M., declarado penalmente responsable del homicidio del activista Julián Carrillo Martínez y de su hijo Víctor Carrillo.

Por primera ocasión, un equipo de investigación y litigación presentó ante un Tribunal de Enjuiciamiento evidencia obtenida a través de una metodología de investigación con enfoque de derechos humanos y de pertinencia cultural, así como pruebas de contexto en casos de violaciones graves a los derechos humanos para demostrar la responsabilidad penal del acusado, a quien en próximos días se le informará la pena que habrá de compurgar.

Con el apoyo de más de 35 pruebas testimoniales, el equipo legal probó el vínculo del procesado con un grupo criminal que opera en la región serrana con intereses de apoderamiento y explotación del territorio Rarámuri de Coloradas de la Virgen.

“Esta condena representa un avance de alta significancia en la garantía y protección de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua y en el país, especialmente para las y los Activistas y Defensores, así como las Autoridades Tradicionales de los Pueblos Originarios”, según la Fiscalía General de Chihuahua.

El juicio del activista, involucró la participación conjunta de un equipo integrado por Agentes del Ministerio Público, Analistas de Contexto, Policías y Peritos de la Fiscalía de Derechos Humanos con las organizaciones de la sociedad civil “Alianza Sierra Madre” y “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres”, representantes de las víctimas.

“La Fiscalía General del Estado, continúa trabajando diariamente para contribuir a eliminar la impunidad en las violaciones graves a los derechos humanos, así como para lograr la materialización de la justicia, el conocimiento de la verdad y conseguir la reparación integral del daño de cualquier chihuahuense”, señaló la dependencia en un comunicado.

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