lunes , 3 octubre 2022

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Carta Abierta de Lucha Castro a la presidenta del Tribunal de Justicia de Chihuahua

Myriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia Chihuahua declaró que “desaparecieron” 56 expedientes de jueces electos cuando Luz Estela Castro fue consejera de la Judicatura estatal.

Esta es la respuesta de la defensora de derechos humanos:

Carta Abierta

Myriam Victoria Hernández Acosta
Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua 

Ante sus desafortunadas, temerarias e irresponsables declaraciones “Desaparecieron expedientes de 56 jueces electos en 2019 en aquel polémico procedimiento, pues la judicatura tuvo que integrar de nuevo cuando se llevó a cabo el procedimiento de ratificación”.

Manifiesto lo siguiente:

En cumplimiento de la obligación que mandata el artículo 7 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua, entregué el 15 de noviembre del 2019 las oficinas a mi cargo y el total de archivos, incluyendo los expedientes correspondientes de los 56 Jueces y Juezas a los que hace mención, a la Consejera Minerva Correa, quien me sustituyó.

De conformidad con el artículo 25 de la referida Ley, le recuerdo que la funcionaria o funcionario que recibe, cuenta con un plazo de 30 días después de la firma para hacer observaciones e informar al órgano de control interno alguna irregularidad, y la Consejera Correa no hizo ninguna observación, no denuncio la pérdida de ningún documento y recibió de conformidad como lo acredito con el Acta de Entrega Recepción.

El Proceso de Selección no tiene que ver en absoluto con el Proceso de RATIFICACION en términos de los artículos 110 fracción VI de la Constitución y 229 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el proceso de ratificación de Jueces y Juezas de primera instancia, sustanciado por la Presidencia del Consejo de la Judicatura, tiene como fin principal revisar el desempeño de la persona sujeta a ratificación y verificar que no haya sido sancionada por alguna falta grave.

Ninguna norma exige la revisión de su expediente como sustentante de un concurso de oposición, solo se debe revisar el expediente personal, el cual se encuentra en el área de recursos humanos del Tribunal y únicamente para verificar que esté próximo a cumplir 3 años en el cargo.

Una vez más, le reitero la legalidad del proceso de selección de Magistrados/as, jueces y juezas. Usted debería estar enterada que derivado de ocho amparos que interpusieron sustentantes inconformes, el proceso de selección soportó el escrutinio de: Juzgados de Distrito, Colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes concluyeron que el proceso fue legal, así como el escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción quien determino que no hubo elementos para el ejercicio de la acción penal.

Es muy lamentable que quien representa al Poder Judicial, por intereses personalísimos, sea el eco de una campaña de desprestigio y golpeteo politico contra los hombres y mujeres que por méritos propios fueron electos jueces/as

Seria muy lamentable la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política, ya lo hizo el Magistrado Sepulveda , Intentando la fabricación de algún delito o falta administrativa en mi contra, a petición del Ejecutivo y como venganza personal en respuesta a los señalamientos públicos que he realizado por su testimonio como testiga de descargo a favor de Cesar Duarte en la Corte de Miami. 

Lucha Castro
Defensora de Derechos Humanos
@luchacastro52

OSC logran aprobación de Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en Sinaloa

El pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad la iniciativa para expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en el Estado, la cual fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil y periodistas.

La nueva ley tipifica delitos contra la libertad de expresión y crea un Instituto responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los casos de agresiones.

La iniciativa con proyecto de decreto fue presentada el 13 de junio  de 2019, después de una serie de foros de consulta ciudadana realizados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán y en los que participaron asociaciones, periodistas y personas defensoras.

Los promoventes fueron organizaciones de la sociedad civil como Iniciativa Sinaloa, la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, así como periodistas y activistas.

“En ese tiempo, aún en funciones la 63 Legislatura, se envió a la congeladora esta propuesta con el argumento de esperar la Ley General especializada en la materia, por lo que hubo necesidad de presentar una ratificación de parte del grupo ciudadano el 17 de noviembre de 2021 ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado”, informó Iniciativa Sinaloa.

La actual Legislatura retomó el tema el 18 de febrero de 2022, en el contexto de una creciente violencia contra periodistas.

“El proceso legislativo para aprobar la protección a periodistas y activistas seguía detenido y continuó de esa manera hasta el 05 de mayo cuando ocurrió el lamentable asesinato del periodista y columnista Luis Enrique Ramírez en la ciudad de Culiacán”, escribió Marlene León, directora de Iniciativa Sinaloa AC.

La asociación civil calificó como un día histórico este martes 24 de mayo y consideró la aprobación de la ley como un “triunfo ciudadano”.

¿En qué consiste?

El dictamen incluye adicionar al Código Penal de Sinaloa delitos contra la libre expresión y personas defensoras de derechos humanos, los cuales se perseguirán mediante querella.

De esa manera, se aplicarán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, “a quien utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos”.

Y “a quien obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos”.

La nueva ley contempla la creación de un instituto autónomo para la protección las personas beneficiarias de la ley que contará con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios.

El Instituto será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras.

Tendrá diez facultades, entre ellas, disponer de oficio, o a petición de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que lo soliciten, las medidas necesarias para prevenir la consumación de amenazas y/o agresiones.

Programar y coordinar el cumplimiento de las medidas preventivas, medidas de protección y las medidas urgentes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con las instituciones especializadas, autoridades administrativas e instancias jurisdiccionales competentes.

Solicitar a las autoridades competentes el cumplimiento de las medidas que se dicten en favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como vigilar y evaluar su implementación y cumplimiento.

Denunciar a los servidores públicos responsables de incumplir o dilatar el cumplimiento de las medidas anteriores.

Presentar las denuncias o quejas correspondientes ante las instituciones de procuración e impartición de justicia o defensa de los derechos humanos, así como dar seguimiento a las mismas.

El Instituto se integra por un consejo consultivo, una dirección general, un órgano interno de control, que serán nombrados por el Congreso mediante una convocatoria pública.

Consulta aquí la iniciativa para expedir la Ley de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en el Estado, aprobada por los legisladores.

Javier Valdez: 5 años sin justicia

Con motivo del quinto aniversario luctuoso en memoria del periodista Javier Valdez Cárdenas, asesinado por ejercer su labor, familiares, organizaciones civiles y periodistas nos reunimos en su memoria.

No solo en memoria del periodista, sino también del esposo, del padre, del amigo, del escritor, del gran cronista que criticó abiertamente a los narcotraficantes y a las autoridades, que dio rostro y nombre a cientos de víctimas en México a través de sus investigaciones y publicaciones e inspiró una generación de jóvenes periodistas en el país.

El caso de Javier Valdez Cárdenas no ha sido resuelto y seguimos exigiendo que el Estado mexicano genere esfuerzos serios y efectivos con el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos para lograr que Dámaso López Serrano, alias ‘el Mini Lic’, identificado por las autoridades federales como el presunto autor intelectual del homicidio, sea presentado ante los tribunales de justicia en México y juzgado por el crimen.

Tanto el Gobierno de México como el de Estados Unidos deben garantizar el acceso a la justicia a las familias de periodistas en el marco de los procesos de colaboración internacional que se han presentado en años recientes.

Javier Valdez sabía lo peligroso que era estar vivo y ser periodista, no sólo en su estado natal de Sinaloa, sino en todo México. Con todo, su auto consigna fue no callarse. No tuvo miedo de reportear el infierno que vive México, se negó a guardar silencio y se negó al olvido.

Ante todo, era consciente de su importante papel de ofrecer espacio a que se escucharan las voces de miles de víctimas de la narcopolítica, quienes sin periodistas como él ven bloqueados los caminos hacia la verdad y la justicia.

A cinco años de su irreparable pérdida, la exigencia de familiares y organizaciones representantes sigue siendo la misma: “no a la impunidad”. La justicia mexicana sigue en deuda con el crimen de Javier Valdez, tanto como de cientos de periodistas asesinados y desaparecidos por investigar e informar en el país más violento contra la prensa, un país que, sin estar oficialmente en situación de guerra, según cifras de las organizaciones aquí presentes.

Justicia pendiente

Recordamos una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo explícito su compromiso con el combate a la impunidad, las reiteradas ocasiones en las que ha asegurado que ningún crimen contra periodistas en México quedará impune.

Un compromiso que aún no se verifica, sino por el contrario se siguen registrando más asesinatos de periodistas. No hay un cumplimiento de su deber de proteger y salvaguardar la vida e integridad de periodistas y sus familias.

Tan sólo este año, al menos once periodistas fueron asesinados en el país. Cabe mencionar que el propio gobierno federal, en reiteradas ocasiones y en contradicción directa con los dichos del Presidente de la República, ha señalado que más de 90% de los asesinatos de periodistas en México quedan impunes.

La realidad del país requiere acciones concretas por parte de las autoridades de todos los niveles. No basta con la identificación de los responsables materiales del crimen – y, en el mejor de los casos su aprehensión. Una plena justicia requiere que la totalidad de los responsables enfrenten un proceso penal, exige también, dar cumplimiento a una reparación integral a las familias, así como, la implementación de medidas que garanticen la no repetición. 

Presentar detenciones como ’aniquilación de la impunidad’, como señaló el gobierno federal hace unas semanas, es engañoso y omite la necesidad de lograr sentencias condenatorias de todos los presuntos implicados en un crimen.

Este 15 de mayo de 2022, Organizaciones defensoras de la libertad de expresión, RíoDoce, el Colectivo RecuperArte, familiares y amigos de Javier han convocado a una Jornada en Memoria de Javier Valdez Cárdenas, una jornada que apela a su memoria, y a la justicia, una jornada que lamentablemente hoy se extiende a la memoria del periodista Luis Enrique Ramírez, localizado sin vida el 5 de mayo en esta ciudad de Culiacán, y las reporteras Yessenia Mollinedo Johana García, ambas asesinadas en el estado de Veracruz el lunes pasado.

También se extiende la exigencia de justicia para que las autoridades investiguen con perspectiva de libertad de expresión y se esclarezcan sus asesinatos de manera inmediata.

Familiares de periodistas asesinados, Propuesta Cívica (PC), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), RíoDoce, Artículo 19, Colectivo RecuperArte y periodistas exigimos:

Al Gobierno de Estados Unidos:

  • Que el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos colabore, en cumplimiento de los compromisos internacionales con el Estado mexicano, para garantizar la participación de Dámaso López Serrano en la investigación y proceso penal iniciado en su contra por el homicidio del periodista Javier Valdez.

Al Gobierno de México:

  • Coordinarse con autoridades locales y de los tres niveles a fin de combatir la impunidad en los crímenes contra la Libertad de Expresión y generar condiciones para la no repetición, y para garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística.

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE):

  • Que continúe y profundice las diligencias encaminadas a la línea de investigación que involucra al Dámaso López Serrano con el homicidio del periodista Javier Valdez.
  • Que realice acciones efectivas tendientes a la extradición de Dámaso López Serrano, alias ‘el Mini Lic’.

Al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas:

  • Que continúe brindando de manera puntual el esquema de protección a la familia del periodista Javier Valdez, toda vez que las capacidades e intenciones de generar un incidente de seguridad no disminuyen con la extradición y sentencia del autor intelectual en Estados Unidos.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas:

  • Que garantice las medidas de atención integral para la familia de Javier Valdez, teniendo en consideración su situación de desplazamiento forzado y que la exigencia de justicia no ha finalizado con las conclusiones de los procesos contra Heriberto Picos Barraza y Juan Francisco Picos Barrueta.

Fuente: Article 19

Juez desecha dos mociones de El Diario. Avanza el juicio por difamación y calumnias en Corte de El Paso

Un juez de la Corte del Condado de El Paso, Texas, desecho dos mociones interpuestas por El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y Diario Digital, en la demanda por difamación y calumnias promovida en su contra.

Las empresas solicitaron el traslado del caso a tribunales de Chihuahua, por considerar que eran “más convenientes. En la segunda moción pedían que, en caso de continuar el proceso en El Paso, se aplicaran las leyes mexicanas.

El juez Javier Álvarez desechó ambas mociones este martes 1 de marzo.

Álvarez resolvió que el tribunal más conveniente es la Corte del Condado de El Paso y que aplicará las leyes del Estado de Texas, al comprobarse que los periódicos circulan y se venden en El Paso y se benefician de las leyes texanas.

¿Qué sigue? “Este avance permite que el juicio entre en su etapa decisiva sobre el fondo de la demanda: las calumnias y la difamación permanente como método de chantaje e intimidación de los extorsionadores: Osvaldo Rodríguez Borunda y su hijo Osvaldo Rodríguez Jiménez”, dijo Javier Corral en un comunicado.

El 10 de marzo de 2020, el ex gobernador de Chihuahua presentó la demanda en la Corte del Condado de El Paso.

El 7 de febrero de 2021, en una primera resolución, el juez Javier Álvarez resolvió que tiene jurisdicción y competencia en el caso (ver: Un juez de El Paso determina que tiene jurisdicción para resolver una demanda contra El Diario por difamación y calumnias).

Las empresas demandadas son Paso del Norte Publishing; Publicaciones e Impresos Paso del Norte, S. de R.L. de C.V.; así como Publicaciones Paso del Norte, S.A. de C.V.

Cómo la pandemia cambió el periodismo científico

Ya no es posible separar ciencia y política. Hubo mucha gente dispuesta a explotar el vacío de información, creando una epidemia secundaria de desinformación, publica la revista Scientific American.

“Informar sobre la pandemia fue como construir un avión mientras lo volaba, a la velocidad de la luz en medio de un huracán”, escribe Tanya Lewis, editora senior de salud y medicina en la publicación.

La ciencia subyacente evolucionaba a diario, por lo que no había un consenso de expertos o un cuerpo de investigación establecido en el que basarse, recuerda.

“Al principio, las autoridades chinas suprimieron la información sobre el virus, y la administración Trump minimizó su amenaza a los Estados Unidos”, expone.

“Los errores y la escasez de pruebas impidieron que este país reconociera la cantidad de casos de COVID que circulaban dentro de sus fronteras en la fase inicial crítica, cuando podríamos haber frenado su propagación”, afirma la periodista.

Durante meses, las autoridades sanitarias dijeron que el SARS-CoV-2 se propagaba principalmente por personas sintomáticas a través de grandes gotas respiratorias al toser o estornudar o por superficies contaminadas.

“Por supuesto -indica-, ahora sabemos que este nuevo coronavirus comúnmente se propaga a través de aerosoles que permanecen en el aire, a menudo exhalados por una persona que no muestra ningún síntoma”.

Tanya Lewis explica que, en el corazón del periodismo científico hay un enfoque en la evidencia.

“Pero una de las lecciones más duras que muchos otros periodistas y yo aprendimos al informar sobre COVID es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y que incluso los consejos de autoridades de salud pública de renombre a veces deben cuestionarse”, reconoce.

Un ejemplo es el del uso de mascarillas. En las primeras semanas cruciales de la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud dijeron que el público no necesitaba usar mascarillas.

También se pidió a las personas que no compraran máscaras de respiración de alta calidad porque los trabajadores de la salud las necesitaban, lo que generó confusión y desconfianza.

La infodemia. “Los malos actores no tardaron mucho en armar la confusión para difundir información errónea”, escribe la editora.

El paciente cero en esta “infodemia” fue Donald Trump. El expresidente restó importancia de forma rutinaria a la gravedad del virus, calificándolo de “no peor que la gripe”.

“Culpó a China, avivando la xenofobia en lugar de instar a las personas a protegerse a sí mismas y a los demás. Se burló de las personas que usaban mascarillas, politizando una medida básica de salud pública, mientras promovía tratamientos contra el COVID sin fundamento”, expone.

No fue solo Trump: personalidades de Fox News y celebridades como Joe Rogan y Aaron Rodgers han usado sus plataformas para difundir falsedades sobre el virus y las vacunas, de acuerdo con el artículo.

Lecciones aprendidas. Cómo ha cambiado el enfoque del periodismo científico, según la editora:

  • No es suficiente solo informar los hechos y desacreditar la información errónea, sino comprender las razones por las que la gente cree tales falsedades.
  • Aprender a utilizar las últimas investigaciones sobre cómo se propaga la información errónea para tratar de exponer las mentiras sin amplificarlas y reemplazar las teorías de conspiración con la verdad.
  • El racismo, no la raza , explica por qué COVID ha sido aún más devastador para las personas de color.
  • Una apreciación más profunda del conocimiento científico como un proceso, no simplemente como un resultado final.
  • No es suficiente simplemente seguir la ciencia, el escepticismo de la autoridad está justificado incluso cuando esa autoridad proviene de expertos en salud pública respetados.
  • La ciencia siempre es política, a pesar de lo que a muchos científicos les gusta pensar.
  • No prestar atención a estas lecciones podría condenarnos a repetir esta tragedia cuando llegue la próxima pandemia.

Suizos votan en contra de aumentar subvenciones del gobierno a medios

En un referéndum, los electores de Suiza rechazaron un paquete de ayudas económicas a los medios de comunicación propuesto por el Gobierno y el Parlamento, con casi 55% de los votos.

¿Debe el Estado apoyar más a los medios de comunicación privados?, fue una de los cuatro temas sobre los que la ciudadanía suiza sufragó el domingo 13 de febrero.

El plan del Gobierno consistía en asignar 151 millones de francos (más de 163 millones de dólares) adicionales al año a los periódicos, las emisoras de radio, las televisiones privadas y los medios de comunicación en línea, de acuerdo con SWI swissinfo.ch

“El objetivo del paquete era garantizar la diversidad y la calidad de la información en un momento en que el panorama mediático suizo ha dado un vuelco con la llegada de internet y la expansión de gigantes de la red como Google y Facebook”, según la agencia.

El referéndum fue lanzado por políticos y editores de derecha, que temían que los medios de comunicación perdieran su independencia, expuso.

“Los opositores consideraban que la ayuda financiera beneficiaría a los editores más ricos y a las empresas que cotizan en bolsa”. El resultado representa una derrota electoral para el Gobierno y el Parlamento.

“Este proyecto ha sufrido las consecuencias de una sociedad dividida que se ha vuelto más crítica con los medios de comunicación desde la COVID-19”, dijo la senadora de centro, Isabelle Chassot.

Sin embargo, el trabajo debe retomarse en el Parlamento lo antes posible, agregó.

Aunque la desconfianza hacia los medios de comunicación aumentó, han sido seguidos de cerca como nunca desde el inicio de la pandemia, argumentó.

Sin embargo, la prensa es una necesidad en una democracia directa. Y siempre tendrá dificultades, expresó. Por eso hay que seguir trabajando al respecto en las cámaras del Parlamento.

El resultado de la votación fue de 54.6% en contra y 45.4% a favor de la propuesta.

Campaña negativa vs Javier Corral tumba circulación de El Diario

La campaña de golpeteo de El Diario a Javier Corral perjudicó la venta de ejemplares hasta en $18.9 millones de pesos mensuales.

La circulación actual de El Diario de Juárez es de 14 mil ejemplares, dijo Osvaldo Rodríguez Jiménez, Vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa que publica el periódico, durante una audiencia en la Corte de El Paso, Texas.

Significa una caída de 42 mil ejemplares en su circulación diaria en cuatro años, periodo que coincide con la campaña negativa que ha sostenido el rotativo en contra de Javier Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua.

En ingresos, la caída representa $630 mil pesos diarios en ventas de periódicos, o $18.9 millones de pesos al mes, considerando los datos aportados por la misma empresa.

En 2018 la circulación promedio de El Diario de Juárez era de 56 mil ejemplares diarios, de acuerdo con Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal.

El 12 de octubre de ese año, Publicaciones e Impresos Paso del Norte, S. de R.L. de C.V., entregó a las autoridades federales una certificación de circulación y cobertura emitida por la Agencia Certificadora y Gestora de Medios S.C., fechada el 14 de agosto de 2018.

Según el documento, fue certificada la circulación del periódico del 1 de mayo al 31 de julio, la cual fue de 55,377 ejemplares diarios.

En una declaración bajo juramento de decir verdad, Osvaldo Rodríguez Jiménez, Gerente Comercial de El Diario e hijo del dueño, Osvaldo Rodríguez Borunda, declaró ante el juez Javier Álvarez que la circulación de El Diario de Juárez es de 14 mil ejemplares.

La circulación de El Diario de El Paso es de 3 mil ejemplares diarios, dijo durante una de las audiencias del juicio que enfrenta el periódico por difamación y calumnias, a raíz de una demanda interpuesta por Corral Jurado en la Corte del Condado de El Paso, Texas.

Durante el gobierno de César Duarte Jáquez, actualmente preso en una cárcel de Miami, Florida, en espera de ser extraditado a México, las empresas que publican El Diario de Juárez, El Diario de El Paso, El Diario de Chihuahua y El Diario Digital, recibieron alrededor de 600 millones de pesos en contratos de publicidad y manejo informativo.

Al asumir la gubernatura de Chihuahua en octubre de 2016, la administración de Javier Corral dejó de pagar los montos solicitados por las empresas de Rodríguez Borunda.

A partir de entonces, los Diarios iniciaron una campaña negativa en contra de Corral.

Gerardo Villegas Madriles, cómplice de César Duarte, enfrenta 5 causas penales por corrupción. Está bajo arraigo

Gerardo Villegas Madriles, quien enfrenta cinco causas penales por delitos de corrupción cometidos en el gobierno de César Duarte Jáquez, enfrentará los procesos penales bajo arraigo domiciliario y con brazalete, después de permanecer cinco años en prisión.

Gerardo Villegas Madrigales, ex director de Administración de la Secretaría Hacienda de Chihuahua, continuará cinco procesos penales por delitos de corrupción bajo arraigo domiciliario y con brazalete.

El ex funcionario de Hacienda durante la gestión de César Duarte Jáquez fue detenido el 27 de marzo de 2017 y recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.

Fue puesto en prisión domiciliaria el jueves 10 de febrero de 2022.

¿Por qué es importante? Es una pieza clave de la red de corrupción duartista. Junto con el ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, Antonio Enrique Tarín García, está acusado del desvío de $246 millones del erario al PRI en la Operación Safiro.

  • Ambos enfrentan juicios por peculado agravado
  • También están acusados del desvío de $120 millones del erario para pagar la simulación de asesorías

Caso Kepler Soluciones. En mayo de 2017, la Fiscalía General de Chihuahua presentó evidencias en las cuales acreditó, que el 31 de julio de 2015, Villegas Madriles firmó un contrato con la empresa Kepler Soluciones Integrales por 120 millones de pesos.

  • El convenio fue por “asesorías en la aplicación de transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos”. No obstante, los servicios nunca fueron prestados
  • Según el agente del Ministerio Público, el ex funcionario en complicidad con Tarín García simuló todo el proceso administrativo con la empresa mediante una licitación de adjudicación directa
  • El monto fue saldado en cuatro pagos

La Operación Safiro. Gerardo Villegas Madriles también enfrenta un proceso penal por el desvío de 246 millones de pesos del erario de Chihuahua a cuatro empresas, las cuales no entregaron servicio alguno a cambio de los pagos otorgados, o que estaban recién creadas.

  • Sobre el mismo caso, también se siguen procesos penales en contra de Antonio Enrique Tarín García y de Ricardo Yáñez Herrera, ex titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte (sentenciado a cuatro años de prisión).
  • Los inculpados formaron una cadena de traslado de recursos públicos para entregarlo a las empresas “fantasma”.
  • Ricardo Yáñez, como secretario de Educación, solicitó los recursos para dos programas otorgados a empresas que no prestaron los servicios para los que fueron contratadas
  • Por “Prestación de Servicios de Capacitación y Asesoría en Materia Educativa” se hicieron erogaciones por $156 millones a empresas que no entregaron los servicios que les pagaron.
  • De esa suma, $55 millones fueron para la empresa “Servicios y Asesoría Samex, SC”; otra cantidad idéntica fue a parar a “Sinnax, SA de CV” y 46 mdp para “Sisas, SA de CV”
  • Para el programa “Adquisición de un sistema integral de trámites y movimientos de Personal del Subsistema Estatal” se pagaron $90 millones a “Despacho de Profesionistas Futura SA de CV”

Situación de las empresas:

  • Las cuatro empresas fueron creadas creadas entre el 13 y el 18 de agosto de 2015 por José Juan Saliano González, quien era policía en el Estado de México
  • Las cuatro dieron el mismo domicilio para recibir notificaciones y documentos relacionados con el contrato
  • Las cuatro recibieron los pagos el mismo día: 6 de abril del 2016.
  • Todas esas operaciones contaron con la aprobación del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado que entonces encabezabaAntonio Enrique Tarín García.
  • Los pagos se realizaron a través de la Secretaría de Hacienda, con la autorización del director de Administración, Gerardo Villegas Madriles

El presidente López Obrador vs el periodista Carlos Loret

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los supuestos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola por su trabajo en distintos medios y solicitó una investifación al SAT y al INAI. Los datos son falsos, respondió el periodista.

“Voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes, nada más esto por lo pronto, por ahora”, advirtió el presidente.

¿Por qué es importante? La postura de AMLO vs Loret abrió un debate sobre cómo garantizar las libertades de expresión y de prensa, en un contexto en el que han asesinado a cinco periodistas en lo que va del año y existe un acoso permanente desde Palacio Nacional.

Organizaciones, medios y periodistas han considerado que López Obrador está incurriendo en abuso de poder para desacreditar e intimidar al periodista, además de emplear recursos del estado en represalia por su trabajo.

¿Qué dijo el presidente? En una conferencia de prensa, en Hermosillo, Sonora, López Obrador declaró:

  • “¿Se acuerdan que le estoy pidiendo a Loret de Mola, que lo considero un mercenario, golpeador, corrupto, en el sentido estricto, ni siquiera periodista, le estoy pidiendo que nos diga cuánto gana?”
  • “Ayer contestó, por fin, que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos, ninguno de mis familiares”
  • “Bueno, espero que José Ramón conteste, ya es grande, de qué vive”
  • “¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador”

¿Qué respondió Loret? En su cuenta de Twitter, el periodista publicó:

La postura de W Radio:

La postura de Latinus:

¿Cuál es el fondo? En la plataforma Latinus, Loret ha difundido varios reportajes que exhiben presuntos casos de corrupción en el que se involucran familiares del presidente, como la entrega de dinero a Pío, un hermano de López Obrador.

El jueves 27 de enero Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicaron una investigación en la cual se revela que un hijo y la nuera del presidente vivían en una lujosa residencia en Houston, propiedad de un alto ejecutuvo de Baker Hughes, cuando la compañía recibió la ampliación de un contrato de Pemex por más de 100 millones de dólares.

Suman 108 procesos contra periodistas en tres años. Exigen al Poder Judicial detener el acoso

Periodistas y OSC piden al Poder Judicial y a los tres órdenes de gobierno salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información con un alto al acoso judicial contra la prensa.

En México, personas servidoras públicas, actores políticos y empresarios, emplean  mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de represión contra periodistas y medios de comunicación.

En tres años se han iniciado 108 procesos ante autoridades administrativas o judiciales para inihibir el ejercicio periodístico, por las vías electoral, penal y por índole civil por daño moral, de acuerdo con ARTICLE 19.

Esa radiografía fue planteada durante una conferencia de prensa virtual en la que participaron el periodista y académico, Sergio Aguayo; el periodista y director de AM de León, Enrique Gómez Orozco; el periodista y director del semanario Riodoce, Ismael Bojorquéz; la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola; y el director de ARTICLE 19 México, Leopoldo Maldonado.

Exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno cesar el acoso judicial contra la prensa y al Poder Judicial conducirse bajo los estándares más altos de Derechos Humanos y salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía mexicana.

En suma, que no se utilice como como arma para inhibir la libertad de expresión.

En la conferencia de prensa se habló del caso del periódico AM de Guanajuato, demandado por 300 millones de pesos por la ex alcaldesa de León, Barbara Botello, luego de que el medio publicó varias investigaciones que presumen actos de corrupción durante el mandato de Botello.

Otros casos mencionados: Carmen Aristegui; el periodista Humberto Padgett León, demandado por el ex gobernador Eruviel Ávila, quien le exigió una indemnización de 10 millones de pesos.

Se informó sobre el acoso judicial contra la prensa en Puebla, donde en 2020 de los 39 casos de acoso judicial registrados por ARTICLE 19, 16 ocurrieron en dicha entidad, y en todos se encontró vínculos con funcionarios del gobierno estatal.

El caso de Moreira vs Sergio Aguayo

Otro caso es el del periodista y académico, Sergio Aguayo Quezada, pues en 2016, fue demandado por el exgobernador Humberto Moreira Valdés, quien exigió una indemnización de 10 millones de pesos, luego de la publicación de una columna de opinión.

Tres años después, el 10 de octubre de 2019, en segunda instancia por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los magistrados Francisco José Huber Olea Contró, Delia Rosey Puebla y Miguel Ángel Mesa Carrillo, decidieron dejar sin efectos la sentencia absolutoria de primera instancia.

Los magistrados dictaron una nueva en la que condenaron al periodista por considerar que su columna de opinión de fecha 20 de enero de 2016, lesionó el patrimonio moral del exgobernador Humberto Moreira Valdés, ya que a juicio de los magistrados existió un abuso de la libertad de expresión, condenando al periodista al pago de diez millones de pesos por concepto de “daños punitivos”.

Como resultado, Aguayo y sus representantes promovieron Juicio de Amparo Directo, del cual solicitaron ante la Suprema Corte de Justicia que atrajera dicho juicio, quien finalmente decidió atraerlo a su jurisdicción a través de su Primera Sala, bajo el número 30/2020.

En enero de 2020, el periodista y su equipo de abogados, presentaron queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, registrada bajo el número 11/2020, la cual los consejeros no han resuelto a pesar del excedido retraso.

De igual forma, organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta ante dicho Consejo, apoyando el escrito de queja y solicitando que se resuelva con total apego a la legalidad y observando la protección más favorable a los derechos de Sergio Aguayo y determinar posibles irregularidades por parte de los integrantes de la Sexta Sala Civil.

El discurso estigmatizante

En los últimos tres años, hay otro fenómeno derivado del discurso estigmatizante por el titular del Ejecutivo que desde su tribuna alienta y justifica agresiones en contra la prensa, estigmatizando la labor periodística crítica de su gestión, vulnerando aún más al gremio que también sufre precariedad y abandono en temas de seguridad social.

Lejos de garantizar la libertad de expresión como un derecho fundamental para la existencia de la vida democrática, margina a la prensa libre a la cual se le exhibe como enemigo pública tratando de sancionar de forma ejemplar con grandes sumas de dinero usando al sistema judicial.

Aumentan casos de acoso judicial

En los últimos tres  años, ARTICLE 19 ha registrado un aumento del acoso judicial, ya sea por la vía penal, civil, administrativa o electoral.

Por ejemplo, en 2019 documentó 29 casos, en 2020 39, y el año pasado, 40 casos.

En todos estos casos los demandantes han sido funcionarios o exfuncionarios públicos y/o empresarios, y quienes histórica y actualmente hacen uso arbitrario e indebido de la acción civil de daño moral.

Su propósito es justamente acosar judicialmente a la prensa es impactar la vida personal de periodistas, su estabilidad económica, su prestigio, y con todo inhibir la libertad informativa.

Si bien, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, éste es un derecho fundamental en la estructura democrática, pues es uno de sus principales asientos, de tal suerte que, la afectación al mismo, se traduce en una afectación directa a toda la sociedad, y los límites que se establezcan deben ser legítimos para su ejercicio.

La Declaración Conjunta 2021, Sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública, y Libertad De Expresión, de las relatorías de Libertad de Expresión de la Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que:

Los Estados deben garantizar que cualquier restricción a la libertad de expresión se ajuste plenamente al test tripartito de derecho internacional para tales restricciones, a saber, que cumplan los requisitos de legalidad, legitimidad de objetivo y necesidad, y que no desalienten un debate público sólido sobre asuntos de interés público.

Por lo que deben derogar cualquier ley de difamación o desacato que ofrezca una protección especial o prevea mayores sanciones para las declaraciones dirigidas a jefes de Estado o de gobierno, liderazgos político o funcionario público.

En uno de los países más peligrosos para la prensa a nivel mundial, resulta alarmante que los jueces responsables de garantizar el Estado de Derecho emitan sentencias desproporcionadas que agreden directamente la libertad de expresión en México.

Por tales motivos, los periodistas participantes y organizaciones solicitaron:

  • A las autoridades de los tres órdenes de gobierno abstenerse de utilizar el discurso estigmatizante contra la prensa así como de utilizar el acoso judicial como mecanismo de censura
  • Al Poder Judicial conducirse bajo los estándares más altos de Derechos Humanos, en específico la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Primera Sala de la SCJN, que establecen que en el caso de personas con proyección pública o funciones públicas hay un umbral de tolerancia mayor a la crítica, por lo que el uso arbitrario del acoso judicial contraviene estándares vinculantes para la corte.
  • Asimismo, aprovechar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles para establecer barreras a quienes busquen inhibir el ejercicio periodístico e informativo sobre temas de interés público.
  • A la Suprema Corte de Justicia de la Nación: A los Ministros y Ministras de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  resolver el Amparo Directo (30/2020) de acuerdo a los más altos estándares de derechos humanos en materia de libertad de expresión desarrollados tanto por esta Corte, así como por el Sistema Interamericano.
  • Al Consejo de la Judicatura: Resolver la Queja 11/2020 presentada desde enero de 2020, en favor de la libertad de expresión.
  • Al Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas, incluir dentro de sus análisis de riesgos, el acoso judicial y leyes restrictivas de la libertad de expresión, a fin de generar medidas preventivas en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno

La conferencia de de prensa “El acoso judicial un mecanismo para agredir la libertad de prensa en México” puede verse completa aquí:

Fuentes: ARTICLE 19 y Propuesta Cívica

Juicio a los Diarios en Texas sienta un precedente para víctimas de campañas calumniosas como método de extorsión: Javier Corral

El juicio contra El Diario en Texas sienta un precedente para quienes “busquen defenderse de las campañas calumniosas e infames, que, como método de extorsión y chantaje, acostumbra llevar a cabo Osvaldo Rodríguez Borunda, seguido de su hijo Osvaldo Rodríguez Jiménez, para conseguir beneficios o publicidad”.

El lunes 7 de febrero, el juez Javier Álvarez, determinó que sí existe jurisdicción para demandar a los Diarios en el estado de Texas. “Esta resolución sienta un gran precedente, no solo para mi caso personal”, sino para otras personas en el futuro, dijo Javier Corral Jurado en un comunicado.

La decisión del juez significa “un importante avance en el juicio de demanda que por difamación y calumnias interpuse en contra del Diario de Juárez, El Diario del Paso y el Diario Digital, en la Corte del Condado de El Paso, Texas”, expuso.

“Hasta ahora Rodríguez Borunda ha gozado de una gran impunidad, basada precisamente en el poder que le dan sus periódicos y sobre todo, en la connivencia y complicidad que ha tenido con el Duartismo, de quien fue el gran beneficiario del presupuesto público estatal en materia de publicidad y compra de información durante esa administración”, señaló.

“Valiéndose de mentiras y distorsiones –exactamente como lo hacen en sus publicaciones–, los Diarios buscaron a toda costa que no se admitiera mi demanda, por señalar que no había competencia ni jurisdicción; sin embargo, las conclusiones del Juez no dejan lugar a dudas”, expresó.

La demanda prosigue. Se dilucidarán dos mociones que presentaron los abogados de Rodríguez Borunda: la primera para tratar de transferir el caso a Chihuahua, y la segunda para que se apliquen leyes mexicanas, por si el caso se queda en El Paso, como todo apunta con la decisión del juez, explicó.

Corral Jurado dijo que “es El Paso, Texas, el lugar donde el señor Rodríguez Borunda, y su hijo Osvaldo Rodríguez Jiménez, decidieron vivir; en Texas tienen sus domicilios familiares, en Texas tienen depositado su dinero y sus propiedades”.

En Texas hacen los grandes negocios de su fortuna: actualmente Rodríguez Borunda está vendiendo uno de sus ranchos en 40 millones de dólares.

En Texas tienen oficina compartida los dos periódicos. Y según sus propios números y dichos, circulan más en El Paso que en Ciudad Juárez, indicó.

También compartió los documentos oficiales de las conclusiones a las que llegó el juez Javier Álvarez, así como los enlaces de las dos audiencias previas que se realizaron a esta resolución.

El ex gobernador de Chihuahua citó que en esas audiencias, “además del nivel de los actores participantes, se puede conocer la calidad de los argumentos y los testimonios –bajo juramento–, ofrecidos por las partes y sus testigos”.

“Resulta muy interesante seguir las intervenciones del Señor Osvaldo Rodríguez Jiménez, quien entre otras cosas, confiesa como burla al fisco tanto en E.U. como en México”, dijo.

El abogado de Corral Jurado es Francisco J. Ortega, quien pertenece al despacho ScottHulse.


Contexto:

Un juez de El Paso determina que tiene jurisdicción para resolver una demanda contra El Diario por difamación y calumnias

Un juez de El Paso determina que tiene jurisdicción para resolver una demanda contra El Diario por difamación y calumnias

Un juez de la Corte de El Paso, Texas, determinó que tiene jurisdicción para resolver una demanda por difamación y calumnias en contra de las empresas que publican El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y Diario Digital.

Las compañías, propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda y sus tres hijos, ciudadanos y residentes de Estados Unidos, fueron demandados en esa instancia por Javier Corral Jurado, quien cuenta con las ciudadanías estadounidense y mexicana.

Los demandados presentaron un recurso alegando que la Corte carece de jurisdicción porque los periódicos se imprimen en Ciudad Juárez.

Sin embargo, después de dos audiencias realizadas el 18 y 27 de enero de 2022, el juez Javier Álvarez desechó la petición, al considerar que los impresos se venden en El Paso y las empresas se benefician de las leyes de Texas.

¿Por qué es importante? Corral Jurado fue gobernador de Chihuahua por cinco años. En ese periodo los Diarios publicaron cientos de titulares y notas para descalificarlo, mediante adjetivos y juicios de valor negativos.

Ese tratamiento fue consecuencia del retiro de contratos en conjunto por 600 millones de pesos, recibidos por los medios de Rodríguez Borunda durante el gobierno de César Duarte Jáquez por un manejo informativo favorable, de acuerdo con Corral Jurado.

Duarte Jáquez hoy está en proceso de ser extraditado a México, para enfrentar 20 órdenes de aprehensión por delitos de corrupción en Chihuahua, más una del orden federal por un delito electoral.

Contexto. El 23 de septiembre de 2019, El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y Diario Digital iniciaron una serie de publicaciones para señalar al entonces mandatario de la comisión de diversos delitos, como el supuesto despojo de un terreno junto a una vivienda de su propiedad en Ciudad Juárez.

Corral Jurado presentó públicamente los documentos oficiales que demuestran la compra-venta, el acta notarial y las escrituras de su casa y el terreno adyacente, pero los Diarios mantuvieron los infundios en su contra.

El 10 de marzo de 2020 presentó la demanda en la Corte del Condado de El Paso, Texas.

De acuerdo con la causa 2020DCV0919:

  • “Corral se queja de una serie de artículos y titulares en línea e impresos publicados en El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y Diario Digital que lo acusan de tomar ilegalmente una propiedad en Ciudad Juárez, Chihuahua, al lado de su casa.
  • “Estas publicaciones alegan que Corral no compró legalmente la propiedad, que la compra constituyó una invasión ilegal de la propiedad, que mintió sobre la manera en que compró la propiedad y que supuestos documentos oficiales revelaron que no era dueño de la propiedad.
  • “Además, Corral se queja de que El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y El Diario Digital publicaron en línea e impresos artículos y titulares sobre supuestos daños que sus trabajadores causaron a la casa de su vecino.
  • “Corral finalmente se queja de que El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y El Diario Digital publicaron en línea e impresos artículos y titulares de que Corral supuestamente se aprovechó del estado mental de una anciana que le vendió su actual residencia, que colinda con la propiedad.
  • “En estas Publicaciones, según Corral, El Diario de Juárez, El Diario de El Paso y El Diario Digital sostuvieron que Corral presuntamente incurrió en una serie de hechos delictivos, como allanamiento de morada, hurto, corrupción y abuso de poder.
  • “Corral alega que las publicaciones son falsas y constituyen difamación y calumnia”.

Los motivos del juez:

  • “Los periódicos El Diario de Juárez y El Diario de El Paso se venden, circulan y distribuyen conjuntamente en Texas.
  • “Se contratan entre sí en Texas, comparten y publican los mismos artículos de noticias, anuncios y anuncios clasificados…
  • “Usan los mismos logotipos, los mismos nombres y se comercializan en línea y en los quioscos como un solo periódico”.

Las empresas demandadas son Paso del Norte Publishing; Publicaciones e Impresos Paso del Norte, S. de R.L. de C.V.; así como Publicaciones Paso del Norte, S.A. de C.V.

La conexión de la vida de los suscriptores con su periodismo, eje de la nueva campaña de The New York Times

La campaña publicitaria “Periodismo independiente para una vida independiente” reconoce “cuán entrelazado está nuestro periodismo con las vidas de nuestros suscriptores”, publica The New York Times.

“Todos los días, los lectores recurren a The New York Times en busca de información e inspiración”, expone.

El periódico más influyente del mundo da protagonismo a cinco de sus sucriptores mediante spots que narran el impacto de su periodismo en la vida diaria de los lectores.

“Creemos que el periodismo independiente tiene el poder de hacer que la vida de cada lector sea más rica y satisfactoria. Llama su atención sobre los temas más importantes del día, ya sea la salud pública o el cambio climático, la política o la economía. Y puede iluminar, sorprender, animar, entretener y deleitar”, expone.

Estas son las historias de Vera (suscriptora desde 1947), Jordan (suscriptor desde 2020), Becky (desde 2010), Lianna (2020) y Yassmin (2014).

Publicidad oficial: Las 10 empresas favoritas del gobierno federal

El gobierno federal pagó 943 millones 990 mil pesos a 10 empresas por concepto de publicidad oficial y servicios de comunicación, mediante contratos otorgados por adjudicación directa en 2021, de acuerdo con un nuevo informe.

Tres empresas acaparan 58% de ese monto, al recibir en conjunto 548 millones 260 mil pesos, de acuerdo con la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

De acuerdo con el informe, que cita datos de Compranet, las 10 empresas que recibieron más recursos públicos por publicidad oficial y servicios de comunicación son:

Televisa$ 189’635,305
Desarrollo de Medios (La Jornada)$ 185’229,270
Estudios Azteca$ 173’395,818
Medios Masivos Mexicanos$ 111’912,407
Grupo de Radiodifusoras$ 63’201,499
Telefórmula$ 52’101,012
Centro de Cultura Nuestra América$ 48’012,960
Organización Editorial Acuario$ 43’067,747
Estudios Churubusco Azteca$ 38’808,868
Milenio Diario$ 38’625,172
Total:$ 943’990,058

Durante el 2021, el 90% de los contratos para publicidad oficial se dieron vía adjudicación directa, de acuerdo con el informe “Adjudicaciones directas, el método preferido para contrataciones durante el gobierno de AMLO”.

“El mecanismo de siempre para premiar o castigar a los medios de comunicación e inhibir el periodismo libre”, señala la asociación.

“Los contratos de publicidad del gobierno se concentraron principalmente en seis dependencias: el IMSS, la Lotería Nacional, el INFONACOT, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda”, de acuerdo con el reporte.

“En lo que respecta a las empresas que recibieron más contratos y recursos, llama la atención que las 10 empresas principales recibieron el 100% de sus contratos por adjudicación directa”, agrega.

“Es decir, ni un solo peso recibido por publicidad oficial de las siguientes 10 empresas fue otorgado en un proceso abierto, competido y transparente”, expone MMCI.

Salario mínimo aumenta a 15 dólares por hora, o más, en 10 estados de EE. UU.

Foto: The Fight for $15

El salario mínimo aumentó en 25 estados y 25 ciudades y condados de Estados Unidos a partir de hoy. En California y Nueva York, alcanzará los 15 dólares por hora.

El 1 de enero de 2022, el salario mínimo aumentó en 21 estados y 35 ciudades y condados. En 33 de esas jurisdicciones, alcanzará o superará los 15 dólares por hora para algunos o todos los empleadores, de acuerdo con un informe de National Employment Law Proyect (NELP).

Más adelante, cuatro estados adicionales y 22 jurisdicciones locales también aumentarán su salario mínimo, 17 de ellos a 15 dólares por hora o más.

Para fines de 2022, 49 jurisdicciones (dos estados y 47 ciudades y condados) alcanzarán o superarán un salario mínimo de 15 dólares por hora para algunos o todos los empleadores, según el reporte.

En total, 81 jurisdicciones, 25 estados y 56 municipios, aumentarán su salario mínimo antes de finalizar 2022.

Los 10 estados que tendrán un salario mínimo de 15 por hora o más son California, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Connecticut, Florida y Rhode Island.

Una ley en Nueva York establece que el salario mínimo aumentará hasta que alcance los 15 dólares por hora, pero ya en la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester y para todos los empleados de comida rápida en todo el estado, el salario mínimo es de 15 dólares por hora.

Contexto

El incremento salarial se registra 10 años después de que los trabajadores de comida rápida se declararon en huelga por primera vez para exigir 15 dólares por hora y un sindicato. Las demandas de un salario mínimo más alto aumentaron con la pandemia de COVID-19.

“Los salarios bajos, la falta de seguridad laboral y las malas condiciones laborales son endémicas para el servicio y otros trabajos de primera línea, con efectos desproporcionados en las mujeres negras, latinas y asiático-estadounidenses de cualquier género”, señala la NELP.

“Las empresas están experimentando una escasez de mano de obra y un gran número de trabajadores renuncian, algunos de forma permanente, citando los bajos salarios como uno de los principales culpables. Otros se han involucrado en huelgas u otras formas de activismo liderado por los trabajadores”, de acuerdo con Axios.

“El salario mínimo federal se ha estancado en 7.25 dólares por hora desde 2009, el tramo más largo desde la adopción de un salario mínimo en 1938”, según el reporte.

De acuerdo con datos de la organización AARP, 29 estados y el Distrito de Columbia tienen salarios mínimos más altos que los $7.25 por hora requeridos por la ley federal para los trabajadores sin propinas.

Veinte estados no han aumentado el salario mínimo por encima del rango federal.

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