lunes , 25 septiembre 2017
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Los amos de México: La misteriosa muerte de Enrique Ramírez Miguel

[Los amos de México] El 6 de junio de 1996, Enrique Ramírez Miguel fue encontrado sin vida en su recámara. Murió a consecuencia de recibir cinco balazos disparados con un revólver Colt .38 especial. El Ministerio Público del Estado de Michoacán imputó por el delito de homicidio a María Villalón Verduzco, su viuda, y un juez penal emitió una orden de aprehensión en contra de la mujer.

Ramírez Miguel fundó Organización Ramírez, hoy Cinépolis, que preside su hijo Enrique Ramírez Villalón y dirige su nieto Alejandro Ramírez Magaña. La siguiente historia que relata el drama que vivió la familia Ramírez en la segunda mitad de los años noventa. Es el fragmento de un extenso perfil de la familia publicado en el libro Los amos de México (Temas de Hoy, 2016, tercera edición).

La señora María Villalón Verduzco obtuvo un amparo de la justicia federal y la CNDH determinó que se violaron sus derechos humanos y los de sus familiares. El tormentoso proceso judicial, sin embargo, marcó a la familia para siempre.

Una historia de película

Por José Pérez-Espino

Un hombre está recostado en una cama. Se encuentra boca arriba, con la cabeza hacia el televisor. Tiene la mano izquierda extendida y la derecha cerca de la ingle. Junto a él, un revólver Colt, calibre .38 especial. Su cuerpo sangra. Tiene cinco heridas de bala. La recámara está en orden y no se distinguen señales de forcejeo. El hombre, de 79 años, está vivo.

La esposa del hombre tiene problemas de audición. Necesita un aparato especial para escuchar. Habla por teléfono en otra habitación. Su residencia es vigilada por 19 guardias de seguridad. Cuando se producen las detonaciones, dos empleadas domésticas se encuentran con el chofer, buscando unas clavijas. La esposa y ellas son las primeras en encontrar a la víctima. Se levanta un velo de confusión.

El célebre productor de cine y televisión, Jerry Bruckheimer, recuerda la idea que un día llegó a venderle el escritor Anthony Zuiker: “Entras en una habitación y encuentras a una mujer sin vida, una maceta rota en el suelo y un elefante rosa en el jardín. ¿Qué fue lo que sucedió?” Así nació la serie CSI Crime Scene Investigation, quizá la más vista en los años recientes, con una audiencia global de dos mil millones de espectadores y cuyas historias de investigación forense se desarrollan en tres de las ciudades más fotogénicas de Estados Unidos, Las Vegas, Nueva York y Miami.

Pero estamos en Morelia, Michoacán, el 6 de junio de 1996. La escena descrita no corresponde al guión de una serie de televisión ni al de una película de Hollywood.

La noticia recorre el país de inmediato. El licenciado Enrique Ramírez Miguel, fundador de la Organización Ramírez, la empresa líder en la exhibición de películas en México, fue encontrado sin vida con cinco disparos de arma de fuego en su cuerpo, según las autoridades[1]. En los medios se divulga un comunicado de prensa de la familia con una versión distinta: el empresario se lesionó accidentalmente de un tiro, cuando limpiaba una pistola, por lo cual fue trasladado con vida al Hospital Memorial, donde falleció al filo de las 13:30 horas.

Originario de Encarnación de Díaz, Jalisco, Enrique Ramírez Miguel se inició en el negocio de la cinematografía en 1956. Era aficionado a los toros, practicaba la equitación y, en un rancho de su propiedad, en Guanajuato, se dedicaba a la crianza de caballos ingleses.

Se le consideraba pionero de una industria que hasta pocos años antes de su muerte era controlada por el gobierno, mediante la Compañía Operadora de Teatros. El 28 de septiembre de 1971 fundó Organización Ramírez, con la inauguración del Cinema Morelia, actualmente convertido en Cinépolis Morelia Centro. Dos semanas después, el 12 de octubre, abrió en la Ciudad de México Cinema La Raza 70.

Cuando él murió, Organización Ramírez se presentaba como la empresa líder en su ramo en América Latina, al poseer 435 salas en México, con una asistencia anual de 50 millones de personas. Las empresas del corporativo incluían Cinemas, Gemelos, Multicinemas, Cinépolis y Multivideo, en las cuales se daba empleo directo a más de tres mil personas.

En cuatro décadas, Ramírez Miguel había construido uno de los corporativos más poderosos del país. Un dato ilustra su campo de acción: fungía como presidente del Consejo de Administración de al menos 25 empresas en Michoacán, Jalisco, Tamaulipas y San Luis Potosí. Poseía el 4 por ciento del Grupo Financiero Inverlat y era vicepresidente de Multibanco Comermex en la zona Occidente. Su familia tenía la representación de las compañías Ford, Mercedes Benz, Zuzuki y Yamaha en Michoacán.

Entre las empresas del grupo se encontraban la División Inmobiliaria Grupo Ramirez (INGRA), que inició en 1976 cuando Enrique Ramírez Miguel y sus cuatro hijos emprendieron el proyecto de un centro comercial que se llamó Plaza Las Américas. El complejo incluía la tienda de autoservicio Comercial Mexicana, un conjunto de Cinemas Gemelos y diversos locales comerciales. Su éxito generó el impulso de otros centros tipo mall en la región.

Actualmente, INGRA tiene presencia en Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Su operación incluye centros comerciales, estacionamientos, locales independientes, terrenos, hoteles, agencias de automóviles, fraccionamientos y un centro de espectáculos. Una superficie total de más de 600,000 metros cuadrados distribuidos en más de 450 locales comerciales.

Se trataba de un personaje influyente y poderoso cuya muerte conmocionó a Michoacán y a buena parte del país. Pero, ¿fue un asesinato, o un suicidio?

***

El señor Ramírez Miguel murió a consecuencia de las lesiones ocasionadas por uno de los impactos de bala que recibió en el cuerpo, informó la Procuraduría de Justicia de Michoacán en un comunicado de prensa: “Se practicó la necropsia al cuerpo del señor Enrique Ramírez Miguel en la que se determinó que la causa de su fallecimiento se había producido por la penetración de uno de los cinco proyectiles de arma de fuego, que le afectó el vaso, el hígado y el colon”.

Seis días después del fallecimiento del empresario, la Procuraduría de Justicia emitió un nuevo comunicado de prensa mediante el cual informó que la víctima recibió dos impactos de bala cuando se encontraba en el interior de su recámara, otro al caer y dos más cuando su cuerpo se encontraba boca arriba.

El gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí ni siquiera había cumplido cuatro meses en el cargo, que asumió el 15 de febrero de 1996. Tenía una bomba en las manos. En sus primeras declaraciones a los reporteros dijo que no compartía la versión de la familia, cuyos integrantes sostenían que se trató de un accidente. “Debemos de comprender los momentos por los que atraviesan los familiares del señor Ramírez Miguel, pero la Procuraduría deberá de continuar con las investigaciones para esclarecer plenamente esta muerte”. El caso de Ramírez Miguel se convertiría en una piedra en el zapato durante el resto de su administración.

Ya de por sí Tinoco Rubí enfrentaba un panorama político enturbiado por las circunstancias mismas de su elección. Cuatro años antes, en 1992, Eduardo Villaseñor Peña debió abandonar el cargo apenas dos semanas después de asumir la gobernación de la entidad federativa, debido a las acusaciones de haber cometido fraude electoral para ganar la elección al perredista Cristóbal Arias.

El 12 de noviembre de 1995, Tinoco Rubí fue electo gobernador de Michoacán, con 38.9% del total de los votos emitidos. El candidato del PRD, Cristóbal Arias registró 32.4%; y, en un tercer lugar quedó el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, con 25.5%. La oposición perredista mantuvo el señalamiento de que se había registrado un nuevo fraude electoral. Con el tiempo, Tinoco Rubí entregaría el cargo al perredista Lázaro Cárdenas Batel.

Desde el primer día, cuando perdió la vida Ramírez Miguel, el gobernador ofreció su respaldo incondicional a las líneas de investigación trazadas por el procurador de Justicia del Estado, Eduardo García Torres.

En ese empeñó comprometió a su administración. Así comenzó una confrontación directa con la familia Ramírez. El visitador de la Procuraduría de Justicia, Roberto Herrera Trujillo, dijo después que el único familiar que se encontraba en la residencia el día del homicidio era la esposa de la víctima, María Villalón Verduzco. El empresario fue asesinado a quemarropa: le dispararon a una distancia de entre 5 y 20 centímetros, según el funcionario. En varios casos, la prueba de rodizonato de sodio resultó positiva, dijo a los reporteros.

Sus declaraciones no solo sembraron dudas. Avivaron toda suerte de especulaciones porque fortalecían la hipótesis de homicidio. En un comunicado de prensa, la familia negó los señalamientos en el sentido de que alguno de sus miembros, equipos de seguridad o servidumbre hubieran sido los responsables de la muerte. “Tras el análisis de los hechos creemos que el licenciado Ramírez fue víctima de un asesinato o un intento de secuestro”, dijeron.

Los familiares, empleados de confianza y de servicio han cooperado en las investigaciones de la Procuraduría de Justicia, de acuerdo con el comunicado. “Y no se ha encontrado absolutamente ninguna prueba que pueda inculpar a ninguno de ellos”.

En el mismo documento dieron a conocer un dato relevante, ya que ayudaba a desactivar las versiones acerca de un posible móvil relacionado con la herencia familiar. Cinco años antes de su fallecimiento, Enrique Ramírez Miguel heredó todos sus bienes a su esposa y cuatro hijos.

“Estamos indignados por las especulaciones que se han hecho en torno a nuestra tragedia y demandamos que se esclarezca este infame y deplorable crimen cuanto antes”, dijeron.

Película en vivo

El 26 de julio, el juez Segundo de lo Penal, Enrique Barajas Acosta, dictó una orden de aprehensión en contra de la viuda, María Villalón Verduzco, quien había abandonado el país desde el 15 del mismo mes, para atenderse médicamente por problemas de salud en Estados Unidos.

La agregaduría de la Procuraduría General de la República en el Consulado de México en San Antonio, Texas, informó que Villalón Verduzco ingresó a Estados Unidos, acompañada de sus hijos Marco Antonio y Florentino Ramírez Villalón, a quien acompañaba su esposa María Luisa Díaz.

De acuerdo con las conclusiones entregadas al juez, la señora Villalón Verduzco fue quien entró primero a la recámara y no las empleadas domésticas. El chofer Antonio Segundo Escobedo dijo en su declaración ministerial que escuchó gritar a la señora Nena[2]: “Muchachas, muchachas, auxilio hubo balazos en el cuarto del licenciado, rápido pidan una ambulancia”. La señora Villalón Verduzco, según los testimonios levantados por el agente del Ministerio Público, siempre se mostró “tranquila y orientada, ni temblorosa, con voz firme”.

La familia, los abogados y peritos contratados por los Ramírez siempre sostuvieron que se trató de un suicidio.

¿Es posible que la víctima no haya disparado el arma, a pesar de que la prueba de rodizonato de sodio practicada en la mano izquierda resultó positiva? Según la Procuraduría de Justicia de Michoacán, sí. Su hipótesis es que “ésta se da al tocarse las heridas en función de conservación, con lo cual se contamina con la deflagración de los elementos nitrados”.

¿Por qué se imputó a la viuda y a un hijo? Según la Procuraduría de Justicia de Michoacán, los rastros que deja el disparo de un arma de fuego pueden borrarse lavándose las manos.

“La prueba de rodizonato de sodio practicada a Eduardo Florentino y a la señora Villalón, se les tomó cinco horas después de que sucedieron los hechos, por lo que pudieron haberse practicado el lavado de manos en repetidas ocasiones y en consecuencia, el plomo y bario haber desaparecido”, según las conclusiones del Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría estatal, Enrique Ramírez Miguel no pudo haberse disparado él mismo porque “se encontraba en rehabilitación de un evento vascular cerebral que había sufrido antes de los hechos y lo cual le dejó hemiplejía izquierda, esto lo señalaron claramente los señores Eduardo Florentino y Mario Antonio, ambos de apellidos Ramírez Villalón, quienes en sus declaraciones dijeron que el occiso había tenido dos infartos”.

(…)

El juez Enrique Barajas Acosta se negó a girar una orden de aprehensión en contra de Florentino Ramírez Villalón, por lo que la Procuraduría de Justicia presentó un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Con la imputación del cargo de homicidio en contra de la viuda y de un hijo, la Procuraduría estatal había ganado la batalla mediática, en el que fue uno de los casos judiciales de más alto impacto de la gestión de Tinoco Rubí. Pero entonces empezó a perder la batalla jurídica.

El l 5 de septiembre de 1996, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado exoneró a Florentino Ramírez Villalón de los cargos relacionados con la muerte de su padre.

La señora María Villalón Verduzco también interpuso un juicio de garantías ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal, ante el cual ofreció las diversas pruebas periciales y dictámenes que no fueron objetados por los peritos designados en el juzgado.

El 24 de enero de 1997, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal resolvió el juicio de amparo 638/96-2, en el que determinó conceder la protección de la justicia federal a la señora María Villalón Verduzco, respecto a la emisión y ejecución de la orden de aprehensión dictada en su contra.

Posteriormente, el 14 de noviembre de 1997, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal contra la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 638/96-2. En definitiva, se resolvió confirmar la sentencia otorgando el amparo y protección de la justicia federal a la señora Villalón Verduzco.

En el expediente consignado ante el juez penal del fuero común, el Ministerio Público utilizó como prueba el supuesto testimonio del chofer Antonio Segundo Escobedo, quien presuntamente habría dicho que la señora Villalón Verduzco se expresaba mal de su marido, incluso que “sentía odio” hacia él. Meses más tarde, María Teresa Núñez Sánchez, dijo a los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que su esposo Antonio Segundo Escobedo jamás habló mal de su ex patrona, por quien sentía respeto y admiración. En cambio, dijo que los agentes de la Policía Judicial del Estado lo presionaron en varias ocasiones cuando iban por él para llevarlo a rendir alguna declaración ministerial. En una de esas ocasiones, regresó con el pómulo inflamado y no quiso decir el motivo.

El 14 de mayo de 1997, el ex chofer de la señora Villalón Verduzco recibió una llamada telefónica –su esposa ignora de parte de quien– en la que “le hablaron de un trabajo”. Por su depresivo estado de ánimo, dijo la señora Núñez Sánchez, al cruzar sin precaución la carretera, fue atropellado por una camioneta. En ese accidente perdió la vida el principal testigo de la fiscalía.

Cambio de guión

La exoneración de la señora María Villalón Verduzco y de Eduardo Florentino Ramírez Villalón, de los cargos por el supuesto homicidio de su esposo y padre, dejaron a la familia ante la necesidad de recuperar la imagen dañada durante meses de litigios legales y virtual linchamiento mediático. Con experiencia ancestral en la discreción, el clan optó por guardar un bajo perfil y fortalecer su trabajo a favor de la comunidad.

Faltaba, sin embargo, un recurso más: la demostración de que se habían violado sus garantías individuales. Y que el caso fuera formalmente cerrado.

El 11 de junio de 1997, los hermanos Enrique, Marco Antonio, Eduardo Florentino y Jaime Ramírez Villalón Verduzco entregaron un escrito de queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por medio del cual denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos, a los de otros integrantes de su familia y del personal de servicio. Señalaron como probables responsables de los abusos a servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, a partir de una deficiente integración de la averiguación previa número 297/96-V, además de haber sido objeto de intimidación por parte de elementos de la Policía Judicial del Estado.

Siete meses después, el 11 de febrero de 1998, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 13/1998, en relación al “Caso del señor Enrique Ramírez Miguel”, dirigida al gobernador del Estado de Michoacán, Víctor Manuel Tinco Rubí. El organismo concluyó que “se acreditaron actos violatorios a los Derechos Humanos de los agraviados”.

La Recomendación, firmada por la presidenta de la CNDH, Mireille Rocatti, fue dirigida al gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, “no como autoridad responsable, sino en su calidad de superior jerárquico, a fin de que se sirva enviar sus instrucciones al Procurador General de Justicia para que se inicie un procedimiento administrativo de investigación en contra de los peritos médicos adscritos a la citada institución, por la inadecuada realización de la necropsia efectuada al cuerpo de quien en vida llevó el nombre de Enrique Ramírez Miguel, así como en contra de los agentes de la Policía Judicial que intimidaron a las señoras María de la Luz Pérez Martínez y Catalina Palmeño Gómez. De igual forma, determinar la responsabilidad penal que pudiera ser atribuible a algún servidor público, dando vista al Ministerio Público para el inicio de la respectiva indagatoria, la cual debe resolverse conforme a Derecho”.

Con la batalla jurídica ganada, la familia Ramírez comenzó a trabajar en la reconstrucción de su imagen pública y a reformular los planes de crecimiento de sus empresas. El grupo aumentó las inversiones y obras sociales en Michoacán y en unos cuantos meses inauguró la Escuela Primaria Federal Enrique Ramírez Miguel, destinada a la educación de más de 300 niños de escasos recursos que habitan en la colonia popular Unión Progreso, donde también se construyó el Jardín de Niños Enrique Ramírez Miguel. Las dos obras fueron financiadas por la familia Ramírez.

A partir de entonces las actividades del grupo se enfocaron a obtener la certificación de Empresa Socialmente Responsable.

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa, desde su fundación en 1947, el grupo ha consolidado “su carácter humano y filantrópico tanto al interior como al exterior de la empresa. Entre las labores sociales que realiza, resalta actualmente el programa “Vamos Todos a Cinépolis”, el cual consiste en invitar al cine en cuatro fechas especiales a niños de escasos recursos o con alguna desventaja. Más de un millón de niños habrían asistido gratuitamente al cine, la mayoría por primera vez.

Las actividades son diversas e incluyen la contratación de personas con capacidades diferentes. “Jóvenes con capacidades especiales que luchan por alcanzar sus sueños mediante un trabajo digno, también son bienvenidos a Cinépolis”, según el sitio web de la empresa. Son citadas múltiples colaboraciones con la Cruz Roja y actividades de coparticipación de Cinépolis, como la campaña de reconocimiento a Héroes Anónimos; el programa Lazos, Naturalia, A.C., UNICEF, Gente Nueva, Un Kilo de Ayuda, el proyecto “Tu ayuda sí cuenta”, entre otros.

En 2005 Cinépolis inició la campaña de carácter social “Del amor nace la vista”, en apoyo a mejorar la salud visual en las entidades federativas con el Índice de Desarrollo Humano más bajo de la República. Se invitó a los clientes a sumarse a la campaña donando 5 pesos en las dulcerías de los cines. La cooperación alcanzó 720 mil pesos y la empresa participó con 1.8 millones de pesos más recursos en especie, para la operación de 514 personas durante 2006. En 2007 se tenía planeado realizar al menos 800 cirugías de recuperación de la vista.

Cuando se cumplieron seis años del aniversario luctuoso de Enrique Ramírez Miguel, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, ahora bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, informó sobre la destrucción de las pruebas relacionadas con el expediente y declaró el caso cerrado.

La fiscalía estatal agotó todas las líneas de investigación posibles “al no existir elementos de prueba que impliquen determinada probable responsabilidad” en la muerte del empresario.

Epílogo

¿Qué sucedió el 6 de junio de 1996 en la residencia de la familia Ramírez Villalón, en Morelia? La verdad jurídica estableció que el señor Enrique Ramírez Miguel habría ejercido por voluntad propia su derecho a morir. Si alguien hubiera escrito un guión en el que una persona se privó de la vida de cinco disparos, seguramente ningún productor hubiera comprado la idea.

El caso conmocionó a la sociedad michoacana y a buena parte del país. Sin duda, la imputación penal de la que fueron objeto la esposa y un hijo del empresario marcaron a la familia para siempre. Pero los Ramírez sacaron la casta. Lograron la absolución por parte del sistema judicial y con los años se convirtieron en una de los clanes más poderosos y altruistas del país, de tal forma que son referencia más allá de la industria de la exhibición de películas. Ahora, no solo mantienen una estrecha cercanía con el poder político actual, sino con un sector intelectual ligado a la cinematografía.

En 2005, la revista Expansión ubicó a Cinépolis en la posición 184 entre las 500 empresas más importantes de México. Sus ingresos ascendían a 4 mil 751 millones de pesos anuales (más de la mitad de los de TV Azteca, por ejemplo). En comparación, su principal competidor, Cinemex, reportaba mil 600 millones de pesos.

El mercado anual de la industria de exhibición es mayor a los seis mil millones de pesos. Cinépolis acapara 51.5 por ciento del pastel y el resto se lo dividen Cinemex, Cinemark, Grupo Multimedios y varias cadenas regionales. En 2006, la compañía cerró con 1,455 salas y unos 85 millones de espectadores, dando empleo a más de 11 mil personas.

Los datos, sin embargo, han comenzado a manejarse con bastante sigilo. En la edición correspondiente a 2007, de las 500 empresas más importantes de México, Organización Ramírez no participó en la presentación de ingresos y su balance anual. Tampoco su principal competencia.

 

Los amos de México
Jorge Zepeda Patterson, coordinador
Editorial Temas de Hoy
Tercera edición
456 páginas
México, 2016

[1] Las conclusiones del Ministerio Público del fuero común constan en la averiguación previa 297/96-V de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, donde se maneja la hipótesis de homicidio.

[2] El personal de la familia Ramírez se refiere a María Villalón Verduzco como “la señora Nena”, de acuerdo con las declaraciones ministeriales incluidas en la averiguación previa 297/96-V de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

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